Durante este verano, los ciudadanos hemos observado como, tanto desde el Gobierno como desde algunas CCAA gobernadas por el PP, se lanzan propuestas de presunta austeridad. El Gobierno nos ha comunicado que le pidió a un centenar de altos cargos que se decidan por una sola retribución de las que perciben actualmente, así como, desde CCAA como Madrid o Castilla La Mancha, nos dicen que van a reducir considerablemente el número de parlamentarios autonómicos.
Considero que ahorrar siempre es bueno, y mas en las circunstancias actuales, el problema es que las medidas que proponen no llegan a ser ni siquiera la punta de ese gran iceberg del despilfarro que nos hunde, y encima suelen ser propuestas trampa.
En España puede haber cerca de 20.000 personas contratadas como asesores o personal de confianza, sólo el presidente del Gobierno dispone de cerca de 700, los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona, cerca de 300 cada uno, y esto es solo un mínimo ejemplo de una enorme lista.
Mantener a toda esta tropa de enchufados le cuesta al erario público anualmente cerca de mil millones de euros, y ello, sin tener en cuenta el coste de los empleados y miembros de los consejos de administración de las alrededor de cinco mil empresas públicas y los organismos dependientes de ellas.
Cuando Cospedal o Aguirre tienen que recortar, proponen hacerlo de los cargos que elegimos nosotros democráticamente, curiosamente de los que ponen ellos a dedo, y que son la parte mollar del asunto de esos ni hablan. Es decir, recortan en democracia y no en dedocracia, son muy listos. Ademas, ¿alguien tiene alguna duda de que esos que ya no serían parlamentarios autonómicos no serían colocados en puestos a dedo?
Y que decir de las cuantiosas subvenciones y ayudas que reciban los partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales.
Si a todo esto sumamos lo innecesario que es el Senado y que las Diputaciones también son prescindibles, así como que los cerca de 9.000 municipios podrían ser reducidos a no más de 3000, nos damos cuenta de que estamos manteniendo una estructura enorme que encima no nos podemos permitir.
Esta superestructura está hecha a medida de los partidos políticos, quienes funcionan como auténticas oficinas de empleo, inundando las administraciones de sus afines.
Se calcula que cerca de medio millón de políticos cobran su sueldo de las arcas públicas, el triple que por ejemplo en Alemania, teniendo ellos el doble de población.
Si no se adelgaza el Estado y sus administraciones pasan a tener un tamaño sostenible, difícilmente saldremos del agujero en el que estamos, en el que nos han metido. Parece ser que Rajoy tampoco está por la labor, mientras esto no ocurra, el saqueo legal se seguirá perpetrando con total impunidad.