La corrupción como principal instrumento político.

Si miramos globalmente a nuestro país, o al entorno de cualquier comunidad autónoma, vemos que coinciden muchos episodios moralmente rechazables que aparentemente no tienen conexión entre sí. Pero no es así. Existe una dinámica, cuyo conocimiento es inexcusable para comprender la realidad socio-política de la España de los últimos años. Podemos decir, que la corrupción constituye una manera de ejercer el poder en España. Estamos hablando del ejercicio del poder en todos los ámbitos de la vida pública, un poder controlado por el bipartidismo y sus adheridos, IU y nacionalistas.

Los partidos que llegan al poder con la única meta que el de la ocupación de las instituciones. No necesitan una cultura de partido ni un soporte ideológico definido. Simplemente unas vagas referencias a unos principios que nunca practican, a “sus valores” , acompañadas de algún cargo en la Administración o sus arrabales, es reclamo suficiente para atraer al partido de turno a centenares de personas sin una mínima educación política basada en el conocimiento de las prácticas esenciales de la democracia. El ejercicio del poder, ha sido y es, el único fin de la actividad política de estos militantes que se arriman al sol que mas calienta.

En esas condiciones, se comprende que la conservación del poder se convierta, para ellos, en el objetivo político definitivo, supeditándose a ese fin cualquier acción a desarrollar. Cuando lo único que importa es el poder y la democracia se considera como un mecanismo, más o menos fastidioso, para alcanzarlo y para mantenerse en él, la necesidad de valorar moralmente las acciones de gobierno se relaja bastante. En esas condiciones, sólo se trata de saber si las operaciones que se llevan a efecto sirven para reproducir la situación de dominación que se disfruta. Después de todo, las elecciones legitiman cualquier forma de actuar. Basta con proyectar una apariencia de respeto a las reglas democráticas, lo que se consigue ocultando lo que no encaja en ellas.

Resulta indispensable acceder a la contienda electoral garantizándose una absoluta superioridad de acción y de medios sobre el adversario, como forma de asegurar la conservación del poder. Pero eso no se puede hacer respetando las leyes. Se trata, por tanto, de buscar otros caminos. Y ahí aparece la corrupción como forma de ejercer el poder orientada a perpetuarse en el mismo.

El mecanismo es conocido: contratos públicos que se otorgan, al margen de las leyes, a aquellos que facilitan medios para actuar con ventaja, también al margen de las leyes, en la contienda política. De paso, algunos también se enriquecen personalmente en las operaciones. La novedad estriba en que, aquí, las relaciones corruptas, aparecen como estables y duraderas, y están entretejidas sobre vínculos, de amistad personal y aficiones comunes. En ese contexto, muchas veces no existe una conexión directa entre contrato irregular y pago del servicio. Hay confianza para ir haciendo regalos o prestando favores que, se sabe, se cobran de una forma u otra, a través de una administración u otra, porque quien recibe los regalos o los favores, tiene poder suficiente, gracias al Partido, para influir sobre todas ellas. De esta forma, además, se dificulta la acción de la justicia en la persecución del delito.

En las CCAA se han afianzado estos comportamientos, sirvan de ejemplo Valencia o Andalucía. El ejemplo de lo que se hace se ha extendido a otras administraciones, fenómeno al que no ha sido ajena la sensación de impunidad que se ha reforzado con el paso de los años. Los partidos se garantizan cobertura y apoyo para las campañas electorales a todos los niveles pero, a la hora de la verdad, muchos cargos públicos con capacidad para adjudicar contratos han querido asegurarse unos apoyos “personalizados” y, ¿por qué no?, unos ingresos fáciles pensando en su futuro.

La democracia no será efectiva hasta que no acabemos con este sistema de corrupción y clientelismo imperante en todo el país. No hay programa político más urgente que ese. La corrupción degrada las instituciones y la cultura política de los ciudadanos. No es inevitable y se debe luchar contra ella. Es una necesidad primordial.

Algunos dicen que ahora sólo importa la economía. Pero es la política quien hace posible que economía se hace. En nuestro país, la corrupción política ha impuesto su “economía de la corrupción”. Sólo se ha prestado atención a las actividades intervenidas por los poderes públicos o directamente dependientes de ellos: el desarrollo urbanístico y los grandes proyectos. Sólo ha interesado lo que permitía una capacidad de decisión casi discrecional por parte del que manda: en la asignación de recursos públicos, vía contratos, o en la generación artificial de beneficios privados, a través del urbanismo. En definitiva, sólo aquello que mantenía engrasada la máquina de la corrupción política. El resultado es más que elocuente y no es sólo la deuda, que también, lo que nos asfixia. El abandono de la competencia y la innovación, sustituidas por el amiguismo y el abandono de la educación y de los sectores productivos, sustituidos por el urbanismo, nos ofrecen un presente de desventaja comparativa y nos auguran un futuro de inmensas dificultades.

Los que necesitan la corrupción como manera de ejercer el poder no pueden promover otro modelo económico, ni otro modelo de relaciones sociales que no esté basado en el clientelismo. Lo que ha pasado hasta ahora es lo que no puede seguir pasando si lo que queremos es salir del agujero en el que ellos nos han metido.

Los partidos de siempre son los que nos han llevado a esta situación, ninguno de ellos nos sacarán de ella. Los partidos de la corrupción no son la solución. Así de claro.