El PP y el PSOE han alcanzado un rápido acuerdo para renovar los cuatro puestos del Tribunal Constitucional. Esto lo hacen tras dejar que, los hasta ahora componentes del TC, les hicieran el trabajo sucio de la sentencia sobre Sortu.
Los que pedimos a diario la regeneración democrática de nuestro sistema, comprobamos que tras estas propuestas de nombramientos políticos, el TC seguirá estando compuesto por miembros puestos a dedo por los partidos políticos, que siempre seguirán las consignas que les den los partidos que les han nombrado, y que por lo tanto, hay motivos para pensar que la prevaricación inspirará su “modus operandi”. De ahí las últimas sentencias escándalo de este tribunal.
Lo mas triste, es que los dos grandes partidos hacen estos nombramientos con el mayor de los descaros. El PSOE ha propuesto a un personaje muy peligroso llamado Fernando Valdés, quien se hizo famoso hace bastantes años por defender la impunidad de los crímenes de los GAL. Como vemos, en el nuevo TC va a haber menos dignidad que en cualquier ala de presos comunes de cualquier prisión española, pues entre lo que había y los propuestos, a la ciudadanía nos daría auténtico pavor caer en sus manos.
No es difícil darse cuenta de que PP y PSOE no están en absoluto por la labor de despolitizar la Justicia, más bien diría yo que están por lo contrario.
Aunque esta forma de actuar del bipartidismo no se ciñe solo al TC, ahora resulta que nuestro gobierno va a nombrar a Soledad Becerril como Defensora del Pueblo, una vieja gloria, ya jubilada, que es rescatada para que le siga haciendo servicios a su partido. Debemos recordar que la actual Defensora del Pueblo está haciendo una excelente labor, y que pese a que en su día fue propuesta por el PP, ha demostrado un nivel de independencia del poder político muy encomiable, debe ser que por hablarle a los políticos muy clarito, molesta. Pese a ello no se entiende que ahora pretendan sustituirla por alguien con un perfil tan político como la que fue ministra y alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril.
Y que decir del Tribunal de Cuentas, allí también el gobierno ha nombrado a uno de los suyos, Rafael Alvarez de Miranda, para tener controlada la institución y que defienda los intereses de su partido.
Pocos órganos constitucionales pueden ser tan bien catalogados como un auténtico cementerio de elefantes como lo es hoy en día el Tribunal de Cuentas, una institución convertida por los dos grandes partidos en todo un ‘geriátrico dorado’ en el que retirar a políticos experimentados y con una larga carrera de perfil económico a sus espaldas. La gerontocracia reina en este Tribunal y en el que algunos de sus miembros, como es el caso de Ubaldo Nieto, llevan trabajando nada menos que 30 años. Fue elegido en 1982, el mismo año en el que Felipe González ganó sus primeras elecciones, y ahí sigue a sus 79 años. Otra de esas instituciones, convertida en la solución para que políticos quemados puedan seguir manteniendo su estatus, eso sí, como siempre a nuestra costa.