Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del viernes, la de la amnistía fiscal fue, sin duda, la más llamativa y polémica. Medida encaminada, según manifestó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a hacer aflorar 25.000 millones de euros.
Debemos recordar, que hace menos de dos años, tanto el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, atacaron con dureza al gobierno socialista por el solo hecho de insinuar la posibilidad de tomar esta medida. Rajoy la calificó de “ocurrencia”. Resulta sorprendente observar la incoherencia del PP, en este y en otros asuntos importantes, pensaban una cosa cuando eran oposición, y tras gobernar piensan lo contrario.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado expresó un «rechazo total» a un «gravamen especial» para las personas dispuestas a retornar capital a España o a hacerlo aflorar. Según los profesionales, no sólo es «muy injusto», sino que podría ir contra el artículo 31 de la Constitución Española que dice en su apartado uno “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Desde 1992, la ley prohíbe un perdón total, por lo que el patrimonio regularizado tributará a un tipo del 10%, mientras que los dividendos lo harán un 8%. Rajoy espera recaudar hasta 2.500 millones de euros. El propio Montoro aseguró que esta modalidad «se ha practicado con éxito tributario en otros países».
Una medida tan agresiva y polémica busca tanto, liquidez a corto plazo, como lograr aumentar la base de contribuyentes, lo que hipotéticamente debería llevar también a un aumento en la recaudación en el medio plazo. Pero los riesgos también son altos. Si los ciudadanos cuentan con que pueden aplicarse amnistías de forma regular o periódica, el incentivo para seguir respetado la legislación es menor. Y la imagen del Ejecutivo como débil e incapaz de recaudar puede extenderse con efectos perniciosos.
Algunos estudios sugieren que en este tipo de situaciones, aunque existen evasores interesados en volver a la ‘normalidad’, ni los que tienen capitales muy pequeños ni los que tienen patrimonios muy grandes encuentran alicientes para hacerlo.
Una amnistía fiscal sólo puede tener éxito si se percibe como un acontecimiento único, y además, debe acompañarse de reformas que transmitan la sensación de que la evasión que era posible antes ya no lo será.
Yo personalmente estoy radicalmente en contra de una medida como la Amnistía Fiscal, ya que, si los ciudadanos de a pié pagamos con tanto esfuerzo nuestras obligaciones tributarias todos los años, hay otros compatriotas nuestros que no lo hacen desde hace tiempo, con lo cual se han ahorrado de pagar grandes cantidades de dinero, se han convertido en auténticos delincuentes, y ahora el Estado les permite regularizar su dinero negro pagando exclusivamente el 10%, me parece indecente.
En definitiva esto lo que demuestra es que el gobierno se da por vencido en la persecución del delito fiscal y toma una medida que beneficia a los ricos sinvergüenzas e insolidarios.
A los ciudadanos a los que nos cuesta cada vez mas llegar a fin de mes, esta medida nos deja un mal sabor de boca, un sabor a traición.
Como he dicho, me parece una medida injusta y antisocial.