Vamos a situarnos, un piso con vistas al mar en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), su propietaria, una ciudadana belga que decide hace cuatro años venderlo y se lo compra un humilde matrimonio canario, que vivía de alquiler, pagándole 50.000 euros y asumiendo una hipoteca.

Tras realizarse la operación, la ciudadana belga les comunica a los compradores que no les entrega el piso y que se hace okupa, desde entonces, José y Rosario, que es el nombre del matrimonio español estafado, se han visto obligados a pagar los suministros de la vivienda que nunca recepcionaron, su hipoteca y el alquiler de su actual piso, por lo que están asfixiados económicamente.

La okupa, incluso se ha hecho cargo de menores marroquíes para así retrasar su desalojo y además, percibir dinero público como compensación, aunque los vecinos indican que los tiene completamente desatendidos y desnutridos.

La pareja española estafada puso su primera denuncia ante la justicia ordinaria en 2020, a principios de 2021 se emitió la primera sentencia y a los pocos días la okupa interpuso un recurso de apelación. Tras ello hubo que esperar más de un año para que la Audiencia Provincial desestimara el recurso y, de nuevo, la okupa apeló. Entonces, el caso fue elevado al Tribunal Supremo que falló a favor de José y Rosario ordenando que se les devolviera su casa. Tras ello se propuso como fecha de lanzamiento el pasado 16 de marzo, pero fue suspendida debido a la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia.

Según los vecinos, conforme se acerca la esperada fecha en la que por fin se desaloje a la okupa estafadora, premeditadamente la vivienda está siendo destrozada en su interior. Estamos ante un caso que “clama al cielo”.

Estamos ante uno de tantos casos que nos indignan a los españoles de bien y nos muestran el nivel de degradación social al que nos han llevado las iniciativas de la izquierda y la inacción del Partido Popular cuando ha gobernado con mayoría absoluta.