Aún recuerdo, cuando un
campanudo Montoro, nos aseguró, que ni un solo euro del Fondo de Liquidez
Autonómico serviría para financiar el proceso independentista. Nos dijo que
miraría con lupa en qué se gastaba el dinero. Pues bien, todo parece indicar
que Montoro, nuevamente nos ha mentido, por lo que si se confirman las sólidas
sospechas existentes, el ministro debería dimitir de inmediato.
Ante las advertencias de la
Guardia Civil, y la inacción del Gobierno, ha tenido que ser, de nuevo un
juzgado, en este caso, un Juzgado de Instrucción de Barcelona, quien reclame a
los Ministerios de Economía y Hacienda para que ordenen una auténtica auditoria
del gasto en la Generalidad por el uso del FLA y de otros fondos públicos, que
superan los 53.000 millones de euros.
Es que es e vergüenza, cuando
se supone que el 155 está activo, la Generalidad que teóricamente gobierna el
Gobierno de España, se niega a proporcionar la documentación reclamada. El
mencionado Juzgado de Instrucción lo hace a través de una providencia en la que
subraya que, ante la negativa de la Generalidad a proporcionar la información
reclamada, pasa a exigirle a los ministerios económicos del Gobierno de España
que, “en virtud de las potestades que le confiere el 155” ordenen a los
departamentos del Govern entregar toda la información reclamada y necesaria. El
objetivo es conocer qué fondos públicos se han empleado para pagar el referéndum
ilegal y, especialmente, qué partidas del FLA sean destinado a pagar el golpe.
A partir de esa orden, si la
Generalitat no da los datos, el Gobierno debe hacerlo entrando en cada
departamento y aplicando el artículo 155. Porque, como también acaba de dejar
claro el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tiene la evidencia del
uso de fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para pagar el referéndum.
La Guardia Civil, lleva semanas acusando a la Generalitat de obstaculizar la
investigación judicial en plena aplicación del 155. La acusación de la Guardia
Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente ausencia de colaboración con
la Justicia, sino también en la confirmación de que se utilizan argucias
diseñadas para “impedir conocer el destino del dinero procedente del bolsillo
de todos los españoles.
Este es un nuevo caso en el
que se demuestra la gran mentira de la aplicación del 155, la administración
catalana sigue sin respetar las órdenes que recibe, ya sean del Gobierno o de
los jueces. Alguien debería explicarnos porqué se permite esto.
