Se deberían depurar las responsabilidades políticas oportunas tras el brutal crimen cometido en Lardero, donde un menor de 9 años fue asesinado por el criminal, Francisco Javier Almeida, que salió de prisión dos años antes de cumplir la condena íntegra de 25 años que pesaba sobre él por el asesinato y violación de una mujer.

No estaría mal, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hiciera públicas todas las resoluciones aprobadas en la presente legislatura para la concesión de terceros grados, y la lista de todos los reclusos beneficiados, tras conocerse el empeño del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para «vaciar» las cárceles españolas de presos y así mejorar las estadísticas de forma artificial.

Se deben depurar responsabilidades por la concesión del tercer grado al asesino de Lardero, pues todo parece indicar, que la política penitenciaria de este Gobierno, soltando a criminales de todo tipo, está creando un deterioro terrible de la seguridad en nuestras calles. El equilibrio entre seguridad y libertad hace tiempo que se rompió, ¿de qué te sirve ser libre de salir a la calle, si al salir te violan o te matan?

Seguro que no me equivoco si afirmo, que la gran mayoría de los españoles desean que se lleve a cabo una reforma del Código Penal que prevea un endurecimiento de las penas para los crímenes como el del menor de Lardero. Pero no, mientras tanto, el Gobierno social-comunista que padecemos, acaba de manifestar su intención de acabar con la prisión permanente revisable. Parece que en al ADN de la izquierda española está el de tratar muy bien, el de mimar a criminales y delincuentes, sabedores de que ese colectivo les vota.

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