El mismo PSOE que hace unos días nos decía por boca de Pedro Sánchez “que en España tendrían que entrar todos los años 250.000 inmigrantes” para garantizar nuestras pensiones, aunque más bien diría yo “para garantizar las elecciones”, ese mismo PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que pretende que los miembros de las asociaciones pro vida que intentan asesorar en los alrededores de las clínicas abortistas a las mujeres que se dirigen a estas, puedan ser condenados a penas de cárcel.

A quienes pretenden informar a las mujeres para disuadirlas de lo que van a perpetrar, se les quiere detener y condenar por intentar salvar vidas. Las clínicas abortistas han convencido a este infame gobierno para que tipifique ese nuevo delito en nuestro Código Penal. La estrategia de la izquierda está clara, que nosotros no nos reproduzcamos y que los que llegan de fuera nos vayan sustituyendo.

Si dedicásemos todo el dinero que gastamos en los inmigrantes, sobre todo en los menas, en dar ayudas a la natalidad para las familias españolas, se podría revertir el problema del escaso índice de natalidad que sufrimos.

Ahora pretenden criminalizar a las personas que defienden la vida, el derecho de los no nacidos a nacer, la izquierda continúa con la estrategia de esos ideólogos de género que se arrogan la exclusiva defensa de los derechos de la mujer mientras las abocan, sin alternativa ni ayuda, al drama del aborto.

Primero estuvo prohibido el aborto, después se legalizó y poco a poco se fue abriendo la mano, con ello, llegó el super negocio de las clínicas abortistas, esas que hacen una caja anual de 50 millones de euros, ahora, pretenden calificar como acosador al que informa, a quien les ofrece a ellas ayuda gratuita y trata así de evitar la muerte provocada de un ser humano inocente e indefenso.

No hay que ser ninguna lumbrera para darse cuenta de que el mal avanza con escasa oposición en nuestra sociedad.

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