Con la Comisión Bilateral que se reunió ayer entre el Gobierno de España y el gobierno separatista catalán, Pedro Sánchez, continúa haciendo cesiones para alargar al máximo su estancia en La Moncloa, eso sí, a consta de acelerar hacia la tan ansiada desconexión a la que aspira el independentismo catalán.
Ha cedido tanto este infame Gobierno ante los separatistas catalanes, que estos, han accedido aparcar la mesa de diálogo hasta septiembre, han dado un mes más de plazo a Sánchez para poner sobre la mesa sus reivindicaciones independentistas de siempre. Retrasarlo un mes, le ha salido muy rentable al separatismo, 1.700 millones para la ampliación del aeropuerto del Prat.
Pero uno de los compromisos más graves, adquiridos por Sánchez y su banda en el día de ayer, es el acuerdo para reducir la conflictividad ante el Tribunal Constitucional y evitar así la suspensión automática de normas autonómicas que no se ajusten a la legalidad. Si tras esto, alguien se atreve a hablarnos de la independencia del Poder Judicial es para, como mínimo, abroncarlo.
Cesiones en becas y ayudas de estudio a una autonomía que incumple las sentencias judiciales en temas de Educación ante una Inspección desparecida o escondida, quien sabe. Cesión de la gestión de los trenes de Cercanías. Aumento del Cuerpo de los Mossos, al que se le cederán más competencias y expulsión, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuya presencia será absolutamente residual en Cataluña. La media Cataluña constitucionalista quedará absolutamente indefensa ante los desmanes separatistas.
El PSOE del pasado cedió ante ellos, el PP también, y ahora Sánchez, lo hace con descaro y a cara descubierta.