La Audiencia de Valencia ha confirmado la condena a cinco años de prisión por un delito de abusos sexuales para el exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, educador de menores en un centro dependiente de la Generalidad, en el que cometió el delito sobre una chica interna de 16 años.
Cuando su marido cometió el delito, Mónica Oltra, era la titular de la Consejería de Igualdad, y desde ella trató de silenciar la denuncia de la menor, durante cuatro meses la bloqueó, se ha sabido, y sorprendentemente sigue en política, clara muestra de la corrupción a todos los niveles que padecemos en este país.
Este caso me recuerda al caso de Baleares, en el que menores tuteladas sufrían abusos y eran prostituidas. Los trabajadores del centro donde residían los menores eran conocedores de lo que estaba sucediendo y llevaban tiempo alertando de los abusos, pero sus superiores jerárquicos no realizaron las preceptivas acciones para investigar, denunciar, esclarecer y evitar que se reprodujeran los graves hechos denunciados. Hasta el Parlamento Europeo ha pedido al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que respondan ante el escándalo que ha salpicado al Gobierno tripartito de la socialista Francina Armengol y a sus socios de Unidas Podemos y los nacionalistas de Més.
Es curioso, socialistas y podemitas, procatalanistas ellos, protagonistas por acción u omisión de hechos que demuestran que su supuesta defensa de la mujer, que su feminismo, es solo a nivel de pancarta.