El juez García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, haciendo escrupulosamente su trabajo, lo que debe hacer todo juez, ha conseguido que el pacto suscrito entre el PSOE y Junts para salvar a Puigdemont de ser acusado de terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic mediante el invento de un inexistente “terrorismo light” no haya servido para nada.
Que le digan eso de “terrorismo light” a los agentes que lo sufrieron. El que daba las órdenes y financiaba a quienes arrancaban los adoquines en la barcelonesa Plaza de Urquinaona, se los lanzaban a los policías y dejaban a varios de ellos en silla de ruedas de por vida, son claros terroristas, ellos y al que ahora quieren librar de la cárcel.
El magistrado afirma que en este procedimiento «no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la CE, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados». Es decir, los hechos más graves afectan al Convenio Europeo de Derechos Humanos y no quedarían cubiertos por la Ley de amnistía tras la enmienda pactada esta semana por PSOE y Junts.
El juez ve especialmente llamativo como indicio incriminador la conversación entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y uno de los investigados en la que el primero «parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad».
El pacto de Sánchez con los de Puigdemont es indignante, pues pretende amnistiar a un individuo haciéndole una ley a medida y exclusivamente para él. Os acordáis de aquello que nos enseñaban en el colegio de que “todos somos iguales ante la ley”.