El pacto firmado entre el fugado Carles Puigdemont (Junts) y nuestro infame presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), incluye la amnistía a todos los que prepararon y participaron en el Golpe de Estado de 2017, desde el año 2012, además de abrir la puerta a un referéndum secesionista en Cataluña.
Ayer dieron a conocer un acuerdo entre traidores que hasta es muy posible que acaben traicionándose entre ellos, debemos ser conscientes del peligro que afrontamos los españoles de bien. El autócrata no se conforma y en esta legislatura quiere ejercer de dictador, ayer se puso en marcha un golpe de Estado contra la nación, contra la democracia y contra la ley, es evidente que empieza un periodo negro en la historia de España.
Los golpistas del PSOE y de Junts sellaron ayer su amenaza a la unidad nacional y a la ley con un acuerdo golpista que implica la abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones, incluida la Corona y el Poder Judicial. No podemos olvidar que las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación Foro Judicial Independiente, han emitido el siguiente comunicado conjunto:
*Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al «lawfare o judicialización de la política» y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.
Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta*
También las asociaciones de fiscales, la Comisión Permanente del CGPJ y hasta la de Inspectores de Hacienda, han emitido durísimos comunicados denunciando lo que han perpetrado con ese obsceno pacto, un acuerdo golpista que implica una clarísima amenaza a la soberanía nacional de los españoles, porque abre la puerta un referéndum de secesión completamente ilegal y porque acepta una mediación internacional deslegitimando aún más muestra nación.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apelado a una “resistencia civil, pacífica, pero firme, que será larga, pero que sólo tiene un fin que nosotros conocemos y aceptamos: o el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel”. En este sentido, ha dicho que «no es el momento de los partidos, sino del pueblo unido “para defender lo más importante, la convivencia y la nación”.
Hemos pasado en muy poco tiempo, de una democracia imperfecta al inicio de una dictadura bolivariana, mientras tanto, una aún pequeña parte de la ciudadanía se ha tirado a la calle por patriotismo, pero la gran mayoría parecen pasar del tema y viven ajenos a unos acontecimientos que les pueden cambiar la vida a ellos y arruinar el futuro de sus hijos ¿Cuándo despertarán?