La Consejería de Educación de
la Comunidad Valenciana, dirigida por el nacionalista de Compromís, Vicent
Marzá, ha creado la figura de unos “asesores lingüísticos” que, mediante una
nueva herramienta, un cuestionario para evaluar cómo se comunica el alumno en
32 situaciones diferentes fuera de las aulas, espiará a las familias. Algo que
va mucho más allá del espionaje en los patios durante el recreo que ha llevado
a cabo el gobierno independentista de Cataluña, pues ahora, socialistas y
nacionalistas valencianos (pro catalanistas), pretenden informarse de hasta en
que lengua se expresan en familia, padres e hijos, supongo que con la idea de
tener identificados a los que hablan en español.
Debería de preocuparnos que,
en Cataluña, País Vasco, Navarra, Islas Baleares, y en la Galicia gobernada por
el Partido Popular, se esté expulsando a nuestra lengua, el español, de las
escuelas. Esta luz roja lleva ya demasiado tiempo encendida, y a los antiguos
partidos parece darles igual, pues no toman ningún tipo de medidas para
evitarlo.
Otro asunto indignante. En
2012, Roberto Macías, administrativo del departamento de compras de UGT
Andalucía, destapó que su sindicato desviaba subvenciones millonarias
destinadas a formar a los desempleados, algo absolutamente cierto. Roberto es,
para cualquier español de bien, un héroe. Pues bien, tras su denuncia, UGT lo
denunció por filtrar datos privados del sindicato. Ahora, se sentará el héroe
en el banquillo, el Fiscal le pide tres años de prisión y que indemnice a UGT
Andalucía con 60.000 euros por los daños morales causados al sindicato. Algo
increíble.
Mientras tanto, los
dirigentes del sindicato responsables del desvío de la millonada, ni siquiera
han declarado ante el juez como imputados. Y esto ocurre, porque los políticos
hacen leyes que permiten situaciones tan kafkianas como esta. A Roberto Macías,
por ser honrado le han arruinado su vida, viendo lo ocurrido, nadie se atreverá
a denunciar por corrupción a sus jefes. Luz roja y de las gordas.
