Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por ello, conviene hacer memoria y confrontar con la realidad los supuestos avances que se han conseguido para el bienestar de las mujeres en España en los últimos años, lejos de las consignas ideológicas que han tratado de colonizar y utilizar interesadamente este día. Este 8 de marzo debemos alzar la voz por la defensa genuina y honesta de todas las mujeres que cada día se levantan para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Todos tenemos en mente mujeres que mediante su esfuerzo, cariño y dedicación han influido de forma decisiva en algún momento de nuestras vidas.
Una gran mayoría de españoles creen que los únicos beneficiados de la ideología de género y del feminismo no han sido las mujeres, sino una casta política corrupta que ha utilizado los recursos públicos para el adoctrinamiento y el despilfarro político y se ha servido del dolor de muchas mujeres para hacer un rentable negocio. En un día como hoy debemos reflexionar sobre cuáles han sido los efectos reales de las políticas de género de los últimos años y si estas han supuesto un verdadero avance o han servido para garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad española. Al contrario de lo que intentan imponer las ideologías corrosivas que sufrimos hoy, la defensa intrínseca y total de la mujer es compatible con la defensa del hombre y de hecho no puede entenderse una sin la otra al ser ambas necesarias y complementarias.
Hoy en España mujeres y hombres enfrentan problemas comunes como la precarización de las condiciones laborales, el aumento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para poder acceder a una vivienda y formar una familia, las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral o el gravísimo aumento de la inseguridad. Dichos problemas han sido provocados por las mismas instituciones empeñadas en dividirnos y enfrentarnos como sociedad, y sólo trabajando juntos y unidos en el propósito de mejorar lo que nos es común a todos, podremos recuperar la prosperidad y el bienestar que nos han arrebatado décadas de nefastas políticas.
Empezando por lo más básico, la seguridad y la propia vida, las políticas del gobierno liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han perjudicado gravemente a las mujeres en este ámbito, pues cada vez mueren asesinadas más mujeres a manos de sus parejas o exparejas.
Ante situaciones concretas de abusos y violencia contra mujeres y niñas, los partidos del gobierno han preferido ocultar y abandonar a las víctimas antes que asumir las responsabilidades políticas sobre víctimas que estaban bajo tutela de la Administración. Así sucedió en casos como las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y Baleares, abandonadas por gobiernos del Partido Socialista que prefirieron protegerse a sí mismos a protegerlas a ellas y denunciar y atajar situaciones de abusos sistemáticos y conocidos.
Entre todas las actuaciones de este gobierno que han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres, destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal que, junto con la falta de medios para nuestras FCSE y de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Según el último informe específico de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo, y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en el último lustro.
Respecto al bienestar y la prosperidad de las mujeres, tampoco los 20.000 millones anunciados por el gobierno para políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio al efecto, han mejorado la vida de las mujeres. Las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar la sociedad y crear colectivos artificiales con supuestos intereses excluyentes, lo que ha desembocado en nuevas políticas, como las denominadas trans, que han acabado perjudicando directamente a grupos como las mujeres, a las que decían proteger.
Las políticas trans, bajo el principio de la autodeterminación de género, difuminan la identidad de las mujeres con consecuencias prácticas como la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposición para el acceso a la función pública o en espacios íntimos que tienen que compartir, como vestuarios o baños.
Del mismo modo, se ha abandonado o incluso señalado a aquellas mujeres y hombres que no comulgaban con los preceptos feministas radicales y, posteriormente, con las nuevas teorías queer. Así, mujeres relevantes que han mostrado con libertad una visión crítica, así como todas esas madres, hermanas o amigas que se niegan a ver a sus familiares, parejas o amigos como sospechosos por el hecho de ser hombres o que incluso han sufrido las consecuencias de denuncias falsas sobre sus allegados, han sido silenciadas, apartadas o directamente atacadas.
Por todo ello, frente a la utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres, nuestra sociedad debería exigir un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres.
Nuestra sociedad debería exigir que se identifique a todos los violadores que han salido en libertad gracias a la “Ley del Sí es Sí”, estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Igualmente, se deben demandar responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales.
Nuestra sociedad debería exigir tolerancia cero con los delitos cometidos contra las mujeres. Exigimos que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual.
Nuestra sociedad debería exigir que se impida la entrada en nuestro país de personas sin capacidad ni voluntad de adaptación que provienen de países con culturas incompatibles con la nuestra en los que se denigra la mujer, y que se erradiquen todos los discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.
Nuestra sociedad debería exigir que se impida que ningún hombre que se autoperciba como mujer pueda utilizar las leyes para eludir la acción de la justicia en delitos de violencia contra las mujeres, así como la máxima asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia.
Nuestra sociedad debería exigir que se reduzca la edad penal, modificando la ley del menor, para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.
Nuestra sociedad debería exigir la introducción de una agravante al delito de injurias cuando estas sean de tipo sexual contra la mujer, en la medida en que la dignidad sexual de la mujer es un bien especialmente protegido.
Nuestra sociedad debería exigir que se evite que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.
En definitiva, este 8M, debería servir para reivindicar lo contrario de lo que van a perpetrar, unas políticas públicas eficaces, centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley. La verdadera igualdad que no discrimina, que no enfrenta, que protege sin politizar. Las mujeres de España merecen respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes dañinas. Es urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real y no una herramienta de manipulación.
Un pesebre para colocar a las amistades