Estamos en plena “degeneración democrática”

Desde la Transición, el sistema político español, nuestra democracia, ha estado marcado por la alternancia en el poder de dos partidos, el PSOE y el PP. Este bipartidismo, que durante décadas se ha presentado como garantía de estabilidad, también ha sido objeto escándalos constantes. En este contexto, resulta difícil ignorar que los socialistas, en múltiples ocasiones, han sido señalados por utilizar las instituciones públicas no solo como herramienta de gobierno, sino también como un medio para el beneficio propio, ya sea a nivel personal o en la financiación de su estructura partidista.

Por su parte, el Partido Popular tampoco ha permanecido ajeno a estas prácticas. Aunque en muchos casos sus episodios de corrupción han sido percibidos como de menor alcance o sofisticación en comparación con los del PSOE, aunque no por ello dejan de ser reprochables. Más bien podría decirse que han intentado replicar dinámicas ya existentes, sin lograr alcanzar el mismo grado de sofistificación, pero incurriendo igualmente en comportamientos que erosionan la confianza pública.

Ante este panorama, surge una cuestión de fondo que trasciende la mera confrontación entre partidos, ¿nos encontramos ante casos aislados que deben resolverse en el ámbito judicial o estamos, en realidad, frente a un problema estructural del sistema político? La percepción de que la corrupción es algo recurrente y casi inherente al funcionamiento institucional debería, en condiciones normales, generar una fuerte reacción social. Sin embargo, lo que se observa es que dicha reacción no siempre se produce con la intensidad esperada, especialmente entre sectores ideológicamente afines a los partidos implicados. Un ejemplo de ello puede encontrarse en la limitada repercusión que determinados escándalos recientes han tenido en el comportamiento electoral, como se ha visto en el caso de Andalucía.

Este fenómeno invita a reflexionar sobre el grado de madurez democrática de la sociedad. Si una parte significativa de la ciudadanía no percibe como inaceptable que cargos públicos puedan situarse, de facto, por encima de la ley, entonces cabe cuestionarse hasta qué punto se han interiorizado los principios básicos del Estado de derecho. La igualdad ante la ley no debería ser un ideal abstracto, sino una norma efectiva e incuestionable.

Además, existe una creciente preocupación en torno a la posible instrumentalización de la justicia con fines partidistas. La sospecha de que ciertos mecanismos judiciales puedan estar condicionados o influenciados políticamente alimenta una sensación de desconfianza que resulta especialmente peligrosa para la estabilidad institucional. En este contexto, quienes defendemos el Estado de derecho nos enfrentamos al desafío de preservar su integridad y credibilidad.

Todo ello contribuye a generar un clima de fatiga ciudadana. El hartazgo hacia los comportamientos asociados al bipartidismo, sumado a la percepción de impunidad o de falta de consecuencias reales, provoca un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Cuando la justicia deja de percibirse como independiente, el daño no es solo jurídico, sino profundamente democrático.

Cabe preguntarse entonces si los mecanismos de control previstos en la Constitución fueron diseñados con la suficiente previsión para evitar este tipo de situaciones, o si, por el contrario, los propios constituyentes no pudieron anticipar una deriva como la actual. Sea como fuere, lo cierto es que la corrupción sigue figurando entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y cuando, tras largos procesos judiciales y una intensa cobertura mediática, los resultados no se traducen en consecuencias claras, la credibilidad del sistema se ve aún más deteriorada.

Llegados a este punto, la cuestión fundamental permanece abierta, ¿dispone el propio sistema de los recursos necesarios para regenerarse y corregir sus desviaciones, o estamos ante una dinámica que requeriría cambios más profundos y hasta traumáticos?