La llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018 no fue un simple relevo político, sino el inicio de una etapa de deterioro acelerado de las instituciones, la economía y la cohesión social en España. Su acción de gobierno no ha estado guiada por el interés general, sino por una estrategia clara, aferrarse al poder a cualquier precio, blindar su entorno y poner el aparato del Estado a su servicio, al servicio de su familia y al servicio de su partido. El resultado es una España con contrapesos debilitados, instituciones cuestionadas y en la que impera la arbitrariedad política.
Desde el primer momento, este maldito Gobierno ha utilizado las instituciones como herramientas de supervivencia política. Los indultos a los responsables del 1 de octubre y la posterior ley de amnistía no son decisiones aisladas, sino la prueba evidente de que el principio de igualdad ante la ley ha sido sacrificado por conveniencia política. A esto se suma la colonización de organismos clave, vaciando de independencia estructuras que deberían ser neutrales. Cada paso ha ido en la misma dirección, consolidar el poder del capo, aunque eso implicase erosionar el Estado de Derecho.
En paralelo, la política migratoria se ha gestionado con una mezcla de improvisación y cálculo político. Medidas presentadas como humanitarias han tenido un impacto directo en servicios públicos ya tensionados, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En muchos barrios, esto se traduce en inseguridad y abandono. Lejos de una planificación seria, da la impresión de que se trata de decisiones orientadas a generar rédito político mediante la modificación del censo, dándoles igual las terribles consecuencias sobre la convivencia y la inseguridad que invade las calles de nuestros barrios y pueblos.
La gestión de crisis recientes refuerza esta imagen de un gobierno ineficaz. Las inundaciones de Valencia en 2024 o el apagón energético de 2025 evidenciaron falta de previsión y capacidad de respuesta. Al mismo tiempo, el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en zonas como el Campo de Gibraltar sigue sin una respuesta contundente. La sensación es clara, mientras los problemas se agravan, el Gobierno mira hacia otro lado o actúa tarde y mal.
En el terreno económico y judicial, las sombras son cada vez más densas. Investigaciones que afectan a personas del entorno más cercano del presidente, incluyendo a su propio círculo familiar y político, han alimentado la percepción de que la corrupción no es un accidente, sino un patrón. Imputaciones, procesos abiertos y casos que avanzan en los tribunales refuerzan la idea de que el problema es estructural y no puntual.
Lejos de disiparse, las polémicas se acumulan. Cada nuevo escándalo no sustituye al anterior, lo agrava. La sensación de fondo es que existe una dinámica de poder opaca y sostenida en el tiempo, que mina la confianza en las instituciones y deteriora la credibilidad del sistema político en su conjunto.
Ante este panorama, resulta cada vez más difícil justificar la continuidad de un Gobierno sostenido por acuerdos con fuerzas que cuestionan abiertamente el marco constitucional y que persiguen la ruptura de la nación española. Para una parte creciente de la sociedad, España necesita un cambio urgente, recuperar la independencia institucional, garantizar la seguridad, reforzar los servicios públicos y devolver estabilidad al país, algo que pasaría por desalojar del poder a esta banda de malvados chorizos.
Por todo ello, la convocatoria de elecciones generales no es una opción más, sino una necesidad democrática. Solo dando la palabra a los ciudadanos se podrá abrir una nueva etapa basada en la transparencia, la responsabilidad política y la reconstrucción de la confianza en las instituciones. En esta loable empresa tenemos que embarcarnos todos los españoles de bien, votemos a quien votemos.
¿De qué sirve votar sí las eecciones están amañadas antes de empezar? Sería lo ideal, lo cual es de sentido común