Ya podemos empezar a hacernos una idea de cómo va a ser esta precampaña y la posterior campaña electoral. Una izquierda, desesperada y desquiciada, junto a separatistas y proetarras, van a recurrir a la violencia siempre que tengan oportunidad. Hoy lo hemos podido ver en la Plaza de María Pita de La Coruña.
Es indudable que el delegado del Gobierno en La Coruña, Pedro Blanco, ha perpetrado una clara negligencia criminal al autorizar una concentración “antifascista” convocada para intentar boicotear la declaración a medios realizada este miércoles por el presidente de VOX, Santiago Abascal, en ese lugar tan emblemático de la capital gallega.
Hasta el sindicato policial Jupol ha denunciado en un comunicado que ha publicado en sus RRSS la grave irresponsabilidad en que ha incurrido el delegado del Gobierno en La Coruña al autorizarla, pues era evidente para qué se convocaba.
Pero como era de esperar y conociendo la personalidad del líder de VOX, lo sucedido le ha fortalecido aún más y cumpliendo esa frase que tanto le gusta, esa que dice “sin miedo a nada ni a nadie, ni un paso atrás” ha hablado de la corrupción de Pedro Sánchez y de su mafia, manifestando “no nos sorprende porque Pedro Sánchez ya nos ha dicho a todos los españoles que va a seguir gobernando de una manera o de otra. ¿Y cuál es la manera? Pues ya la conocemos: la compra de votos y el robo de votos, como hizo en sus primarias para mantener y obtener el poder en el Partido Socialista. ¿Cuál es la otra manera? Pues la violencia”.
En este sentido, Abascal ha reiterado que el gran logro de Pedro Sánchez ha sido precisamente “unir a todos los extremistas de España, al separatismo, al terrorismo, a la islamoizquierda y a los invasores que están agrediendo también a nuestros ciudadanos en Ceuta”. Y terminó diciendo que “por eso nosotros hoy queremos llamar a una movilización masiva el día 29 de noviembre, porque es la única manera de ganarle a Pedro Sánchez. Si la movilización es masiva el 29 de noviembre, no habrá ni trampa ni violencia que pueda con ella”.
Y es que Jupol ha dejado muy claro que lo autorizado hoy por el sicario de Sánchez ha puesto en grave riesgo el orden público y la seguridad ciudadana. Que esta no puede estar supeditada a intereses políticos ni utilizarse para alimentar la confrontación social.