Lo que está ocurriendo en la política española sobrepasa a la propia política, ya no se trata de ser de izquierdas o de derechas, se trata de estar con la legalidad, con la decencia, con la moralidad, con la honradez, con quien, acertando o equivocándose mire por el interés general o por el contrario, apostar por todo lo contrario convirtiéndote en su cómplice. A continuación, escribo sobre la famosa “Ley de Nietos” y sobre lo que ha dejado al descubierto.
Ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez cuando ese dictador diseñó un plan para manipular los diferentes procesos electorales para perpetuarse indefinidamente en el poder. Hoy en día, el proyecto que encabeza el PSOE liderado por Sánchez parece ir en esa misma dirección.
Para comprender la naturaleza de esta deriva, conviene recordar lo que se conoce, pues hace una década, en 2016, Pedro Sánchez ya intentó alterar de forma antirreglamentaria las primarias internas del PSOE con el fin de retener la secretaría general, maniobra que terminó desatando una revuelta sin precedentes entre los propios dirigentes de su partido. Lo que en aquel momento constituyó una trampa circunscrita al ámbito interno socialista se proyecta ahora sobre el conjunto de la soberanía nacional, un intento premeditado de manipular en su favor las próximas elecciones generales.
Hace cuatro meses lo destapó el diario El Debate. La investigación demostró que el Gobierno de Sánchez estaba vulnerando la propia Ley de Memoria Democrática, aprobada por su mayoría parlamentaria en 2022. Aquella que establecía que la nacionalidad española sólo podía concederse a los extranjeros que acreditaran sin lugar a dudas ser descendientes directos de españoles que hubieran tenido que exiliarse por causas políticas durante la dictadura franquista.
Sin embargo, mediante una orden administrativa dictada contra el espíritu y la letra de la norma, el Gobierno perpetró un vulgar fraude de ley, reconocer indiscriminadamente como exiliados políticos a la totalidad de los emigrantes españoles que abandonaron el país desde el siglo XIX por estrictas razones económicas, con objeto de fabricar un contingente masivo de nuevos electores en el exterior sin arraigo alguno en España.
Ante esto, VOX acudió a los tribunales solicitando medidas cautelares con el propósito de frenar lo que se perfilaba como una alteración encubierta del censo de cara a los próximos comicios. Como consecuencia de la acción de los de Abascal, el 8 de septiembre el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar de todas las inscripciones irregulares derivadas de la polémica instrucción gubernamental. Esta resolución judicial asestó un frenazo a un procedimiento plenamente operativo, concebido para engrosar artificialmente las urnas con el sufragio de miles de personas que jamás han residido en territorio español y que no estaban amparados por la letra de ninguna ley.
La dimensión de la estafa socialista ha quedado al descubierto tras conocerse el estado de los trámites:
-Expedientes paralizados: Un total de 163.020 solicitudes de nacionalidad han quedado congeladas tras la intervención del Tribunal Supremo dictada hace mes y medio.
-Tasa real de cumplimiento: De las 31.390 solicitudes que ya han sido sometidas a una revisión exhaustiva, únicamente 91 personas, solo el 0,28%, cumplían verdaderamente el requisito de descender de exiliados políticos.
Estos datos dejan claro que, para compensar su debilidad en las urnas tras haber perdido las últimas elecciones generales, Sánchez recurrió a la concesión masiva e irregular de la nacionalidad a decenas de miles de extranjeros.
Lo ocurrido con la Ley de Nietos representa la maniobra más burda y descarada dentro del catálogo de abusos institucionales acumulados por Sánchez desde su llegada al poder en 2018. A lo largo de estos ocho años de mandato, el jefe del Ejecutivo ha consolidado un perfil político amoral desprovisto de escrúpulos.
Pedro Sánchez es un bicho que practica la mentira de forma deliberada y constante, que guarda silencio ante los actos de violencia y acoso contra sus adversarios políticos y que no duda en socavar los contrapesos del Estado de derecho para blindar su permanencia en el Palacio de la Moncloa.
Por ello, la gravedad de los hechos exige que Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno asuman responsabilidades penales ante los tribunales por promover un asalto planificado a las bases de la democracia española con el fin de emular el modelo del régimen venezolano. La impunidad no tiene cabida frente a tamaña irregularidad.