Ayer se conmemoró el XXXIX
Aniversario de nuestra Constitución en un clima de absoluta división. Parece
que casi todos podemos estar de acuerdo en que nuestra Carta Magna debería ser
retocada, pero dependiendo de la ideología de cada partido político, nos
encontramos, con que unos quieren directamente liquidarla, otros utilizar el
cambio para contentar a quienes nunca serán contentados, y otros, la derecha
del PP y de Ciudadanos, que parecen querer marear la perdiz para que al final
no se produzca esa reforma.
Lo curioso de todo, es que
pretendemos reformar la Constitución sin que sus principales mandatos se hayan
llevado a efecto ¿No sería mucho más lógico que se cumpliera todo lo que dice,
en todo el territorio nacional, y posteriormente cambiar lo que no funcione?
La única reforma, razonable
y sensata, sería la que fuera en la dirección de blindar la unidad nacional,
que el Estado recuperara los servicios públicos básicos (Educación, Sanidad,
Seguridad,… y que garantizase la igualdad de todos los españoles en todos los
aspectos.
En esa reforma
constitucional también se debería afrontar un asunto que está de plena actualidad, y me refiero a la
financiación de las CCAA. Debemos acabar de una vez con los privilegios
históricos, los conciertos y los cupos, el dinero que el Estado reparte entre
las distintas CCAA debe estar vinculado a unos parámetros que deberían quedar
plasmados en la Constitución, se deben de tener en cuenta muchos factores, tasa
de paro, dispersión, despoblación, envejecimiento, y otros. Nunca las CCAA más
ricas deben ser mejor tratadas que las más pobres, pues así, jamás se
conseguirá la justa y ansiada igualdad.
Y nunca jamás, el gobierno
de turno debería poder otorgar inversiones a cambio de votos para aprobar este
o aquel trámite parlamentario. Eso de pasta a cambio de apoyo parlamentario,
debería estar penado por ley.
