Tras celebrarse el Consejo de
Ministros, Mariano Rajoy acaba de comparecer en la sala de prensa del Palacio
de La Moncloa. Nuestro presidente acaba de informarnos de que se va a requerir
a la Generalidad para que confirme si ha declarado la independencia y si así se
mantiene al margen de la legalidad constitucional.
De la contestación de la
Generalidad, de Carles Puigdemont, depende lo que el Gobierno de España va a
hacer. Este requerimiento, supone de facto, que se ha activado el Art. 155 y la
posibilidad de la suspensión de la autonomía catalana.
Lo sucedido ayer en el
Parlamento de Cataluña fue propio de trileros. Puigdemont hizo un relato
mentiroso sobre la situación y la relación de España con la comunidad autónoma
que preside, para a continuación, declarar la independencia, y al momento,
pedir que se suspenda para abrir un proceso de dialogo, una afirmación
realizada de cara al exterior y para poner la pelota en el tejado del Gobierno
de España.
Cuando terminó la sesión,
todos los diputados separatistas, firmaron un documento de declaración de la
independencia.
La bochornosa sesión parlamentaria
de ayer, estaba perfectamente diseñada por ellos, por mucho que desde los
medios se nos quiera vender como que el frente de los tres partidos
secesionistas se está descomponiendo por las muchas diferencias que mantienen.
Incluso los muchos medios de comunicación que son claramente cómplices del
golpismo catalán, se atrevieron a decirnos que la declaración de independencia
no se había hecho.
A la Generalidad se la ha
requerido, tal y como obliga el Art. 155, atención a la respuesta, pues puede
ser muy confusa a sabiendas. Soy de los que llevo pidiendo la aplicación de
este artículo desde el 9-N, pero debo decir, que solo con el Código Penal se
puede atajar esta situación.
Alguien duda de que estos
canallas han cometido, son culpables de prevaricación, sedición, rebelión y
alta traición. Entonces, ¿por qué el Gobierno de España no ha empezado por
detener a los cabecillas golpistas? ¿Qué delito comete el que no actúa contra
quien comete graves delitos?
Lo cierto es, que todos ellos
siguen en libertad y cobrando un suculento sueldo que les pagan con nuestro
dinero. Ha resultado patético escuchar hace escasamente una hora a la
vicepresidenta en el Congreso de los Diputados, que aún están a tiempo de dar
marcha atrás y volver a la legalidad. Que yo sepa, los delitos ya se han
cometido, ¿o acaso se les perdonarían? Que yo sepa, a los atracadores, cuando
aún están dentro del banco tras coger la pasta, jamás les dan la oportunidad de
dar marcha atrás y salir indemnes del delito. Tengo que recordarle al Gobierno,
que la unidad nacional y la legalidad constitucional, ni se negocian ni se
votan, que simplemente se defienden.
Ahora, a esperar
acontecimientos, aunque por los antecedentes, en principio, no me fio ni de
Rajoy ni de su Gobierno. Recordemos, que el ministro Catalá, hace pocas horas
incluso dudaba de que se hubiese declarado la independencia.
Con detener a los 50
cabecillas, disolver al traidor cuerpo de los Mozos, gestionar Educación y
Seguridad, y si es necesario, declarar el Estado de Excepción, para así parar
la casi segura violencia callejera a la que recurrirían los radicales, con solo
eso para empezar, bastaría. Después habría que plantearse la posibilidad de
ilegalizar a los tres partidos que han protagonizado el golpe.
De lo que sí estoy seguro, es
de que hoy por hoy, no se dan en Cataluña las condiciones democráticas mínimas
para que se celebren unas elecciones autonómicas, esas que con tanta
insistencia pide Ciudadanos, al que parece que lo más importante son los votos.
Puerca política.
