Ayer se celebró una solemne
ceremonia en el salón de plenos del Tribunal Supremo, un acto presidido por
nuestro Rey, que es el único que se salva, y al que asistió toda la cúpula del Poder Judicial.
De los allí presentes, pocos
se salvan, pues casi todos ellos le deben el sillón y el cargo que ocupan a los
partidos políticos. Que lejos quedan ya aquellas palabras pronunciadas por el
entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando dijo. “Vamos a
acabar con el obsceno espectáculo de jueces que tienen que juzgar a los
políticos que los nombraron” o algo parecido. Gallardón dejó de ser ministro y
el Partido Popular nunca le devolvió la independencia a la Justicia. Una
Justicia a la que el PSOE antes había subyugado, os acordáis de esas palabras
de Alfonso Guerra “Montesquieu ha muerto”.
En el acto de ayer,
escuchamos abochornados al Fiscal General del Estado, quien sin sonrojarse se
atrevió a garantizar una actuación firme y enérgica contra el secesionismo
catalán. Un ejemplo de que miente: “El Tribunal de Cuentas ha citado seis días
antes del 1 de octubre a Artur Mas y a diez altos cargos para que respondan con
su patrimonio por el importe de la factura del 9-N. Eso era una monumental
malversación de caudales públicos, de hecho, el fiscal pidió que se les
imputara y juzgara por ese delito que conllevaba cárcel. Como por entonces, el
que habita La Moncloa seguía creyendo en los gnomos, es decir, en el diálogo,
dio órdenes a la fiscalía para retirar la petición, y así sucedió. De
vergüenza.
Escuchar al Fiscal General,
decir que no caben vacilaciones frente a la sinrazón de los que se sitúan fuera
de la ley, abochorna, pues la Justicia lleva permitiendo muchos años que en
Cataluña ni se cumplan las leyes ni se acaten las sentencias judiciales, de hecho,
la Justicia es la responsable con su inacción de que en Cataluña no haya Estado
de Derecho y de que la mayoría de los catalanes estén desamparados, al ver a
diario que el Estado no defiende sus derechos y sus pisoteadas libertades.
Cuando se sabe que un grupo
terrorista va a actuar, se actúa de inmediato, a nivel policial y judicial,
para evitar que se cometa el delito.
En Cataluña, los poderes
públicos se han rebelado, cometen un claro delito de sedición, nos dicen lo que
van a hacer, y el Estado no actúa para evitarlo, ni siquiera la Justicia ordena
que se localicen y se incauten las urnas por ser un elemento necesario para
cometer un delito.
Nos toman el pelo, estamos
hartos de palabras, queremos hechos.
