A
los ciudadanos españoles, los políticos nos toman por imbéciles,
este gobierno nos toma por imbéciles. Que a estas alturas nos diga
el ministro de Educación, Méndez de Vigo, que la Alta Inspección
de su ministerio no ha actuado contra el adoctrinamiento ideológico
de los libros de texto en varias CCAA, y sobre todo en Cataluña,
porque no había denuncia previa, es como mínimo, bochornoso.
El
sindicato de profesores catalanes AMES (Acción para la Mejora de la
Enseñanza Secundaria), acaba de denunciar algo que todos saben desde
hace décadas, algo corroborado por la Asociación de Editores de
Libros, simplemente que la Historia que se enseña a los alumnos
catalanes es falsa, es inventada, con el objetivo de impedir que los
jóvenes se sientan españoles e incluso conseguir que odien a
España.
En
este asunto, como en muchos otros, la inacción de los sucesivos
gobiernos centrales, tanto populares como socialistas, merecería
como mínimo exigirles responsabilidades penales por haber incumplido
su obligación de hacer cumplir las leyes. Cada vez que necesitaban
los votos de los entonces nacionalistas, hoy separatistas, cedían de
forma irresponsable lo que hiciera falta con tal de conseguir el
poder, mantenerse en él, aprobar los PGE o cualquier otra ley. No
nos merecemos los gobiernos que hemos tenido.
La
situación actual en Cataluña es la consecuencia de un bipartidismo
que siempre miró por él y nunca por el interés general. Hace poco
llegaron otros dos al banquete, y mira por donde, actúan igual o
peor que ellos, sin ocupar el poder unos, y los otros, gobernando
ayuntamientos, ya empiezan a asustar.
Lo
que hacen varias CCAA en materia de Enseñanza puede calificarse de
criminal, y necesitaría de una acción urgente, de la única posible
a estas alturas, que no es otra, que la competencia de Educación
vuelva al Estado. De esa forma, se acabaría con el adoctrinamiento
ideológico antiespañol, y por otra, se iría en la dirección de
garantizar la igualdad en la prestación de ese importante servicio
público sin importar en que lugar de España residas.
¿Pero
tendrán valor nuestros gobernantes de hacerlo? Lo dudo.
