El ministro del Interior,
tiene desde mi punto de vista, la obligación de presionar al director de la
Oficina Antifraude de Cataluña, para que investigue y consiga pruebas que
incriminen a los dirigentes independentistas catalanes corruptos, y tiene esa
obligación, porque evidentemente esa oficina, que depende de las instituciones
catalanas, siempre ha estado por la labor de tapar las fechorías de quien
nombra a sus miembros y de garantizarles la más absoluta impunidad.
Estamos ante la grabación
ilegal de una conversación, sacada de contexto, utilizando un fragmento cuya
extensión y literalidad completas se desconocen, y hecha pública por un medio
cuya línea editorial es suficientemente conocida, con la intención de perjudicar
electoralmente al Partido Popular a pocos días de las elecciones.
Aquí se ha espiado a un
ministro, posiblemente por el pirateo del teléfono móvil de la otra persona,
pues no quiero ni suponer que las escuchas se hubiesen producido mediante un
dispositivo colocado en sede ministerial, algo que sería de una gravedad
enorme, pues supondría un fallo gravísimo en las medidas de protección del
departamento.
“Los tres tenores”,
olvidándose de la mesura que debe tener quien aspira a presidir este país, se
apresuraron en pedir la dimisión del ministro, incluso de Rajoy. A Pedro
Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, cada vez más, se les ve el plumero,
pues por lo que se va conociendo, es una exigencia totalmente desproporcionada.
De entrada lo que habría que exigir, es esclarecer quien ha sido el autor del
delito de la grabación ilegal.
Hablamos de alguien, que
conserva una grabación ilegal durante bastante tiempo para hacerla pública
cuando estima que le va bien a sus intereses. Lo dicho, a investigar y a
descubrir quien delinquió.
Ahora los independentistas
catalanes, haciendo un uso torticero de este caso lamentable de espionaje,
cierran filas y hacen causa común del victimismo. La jeta de la mafia
independentista corrupta catalana es inmensa.
