Es conocido por todos, que
el saqueo de las arcas públicas andaluzas perpetrado en los ERE y en los cursos
de formación, lo llevaron a cabo los propios altos cargos de la Junta de
Andalucía. Dos presidentes, varios consejeros, viceconsejeros y directores
generales están procesados.
Pues bien, la consejera de
Hacienda, Mª Jesús Montero, sigue negándose a dar información sobre si la Junta
ha recuperado parte del dinero sustraído y su importe.
Se sospecha que la Junta da
por perdida esa millonada y que ha puesto muy poco empeño en su recuperación,
pues no podemos olvidar que ese dinero ha ido a parar a los suyos, a
socialistas y a gente de su entorno.
En una comunidad, donde se
ha producido un descenso alarmante en la calidad de los servicios públicos
esenciales, y los niveles de pobreza, incluida la infantil, son de auténtica
región subdesarrollada, la recuperación de esas mareantes sumas significaría un
importante alivio a la situación de escasez presupuestaría que vivimos.
Desde la administración
autonómica se le negó en su día, el pan y la sal, a la valiente jueza Alaya, y
en cuanto consiguieron descabalgarla del caso, situaron en su lugar a una jueza
amiga del PSOE, jueza que se limita a marear la perdiz hasta que las
prescripciones caen una tras otra. La Junta de Andalucía trabaja en pos de la
impunidad. Vamos, de auténtico escándalo.
