La resolución no vinculante
que aprobó ayer el Parlamento Europeo tiene una gran importancia, pues
demuestra la pésima imagen, hasta delictiva diría yo, de las entidades bancarias españolas en
Europa, y la poca confianza en que nuestro Gobierno aplique las normas
europeas.
El Parlamento Europeo ha
exhortado al Gobierno español a utilizar las herramientas a su alcance para
reducir de manera drástica el “intolerable número de desahucios” que se
producen en nuestro país.
La Cámara ha solicitado a
la Comisión Europea que “vigile atentamente la aplicación de las medidas
adoptadas por las autoridades para evitar abusos por parte de la banca.
El Parlamento Europeo
recoge en el texto los datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
según los cuales, desde 2008 se han producido en España 400.000 desahucios y
más de 100.000 familias han perdido sus hogares. Asimismo, el documento
recuerda que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero, muchos
de ellos personas de avanzada edad, después de que sus bancos les vendieran “de
forma desleal” productos financieros de riesgo sin informarles adecuadamente.
Incluso la comisaria
responsable de Consumo, reconoció “la difícil situación” de muchos hipotecados
españoles y recordó que los tribunales españoles han confirmado la existencia
en ocasiones de cláusulas injustas.
Ayer se vio meridianamente
claro, que la mayoría de la Eurocámara quiere que Bruselas supervise,
especialmente en España, la transposición a la legislación nacional de todos
los estados miembros de la normativa comunitaria sobre préstamos hipotecarios,
con el fin de garantizar su “pleno cumplimiento” por las autoridades de cada
país miembro.
Es evidente, que en Europa conocen perfectamente los
abusos y las injusticias que cometen las entidades bancarias en España en
connivencia con el poder político. Solo conociendo los múltiples créditos
impagados de los partidos a esos bancos, nos damos cuenta que los tienen
cogidos permanentemente por sus partes nobles, y claro está, en lo
posible, se legisla para ellos y no se
aplica lo que Europa dicta, para claro perjuicio de la ciudadanía española.
