Los independentistas
catalanes, con Artur Mas a la cabeza, se empecinan en llegar a una meta
imposible por inexistente. Por primera vez, el Gobierno de nuestra Nación se
plantea la posibilidad de, aplicando el Art. 155 de nuestra Constitución,
suspender la autonomía catalana, algo que algunos llevamos pidiendo desde hace
ya demasiado tiempo.
Es como si nuestro gobierno
se hubiese dado cuenta “hace un par de horas” de que Artur Mas va en serio.
Parece que desconocen que mientras más tarde se tome esa decisión más
traumática será.
El texto del Art. 155 dice
así: “Si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al
interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de
la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por
mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar
a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección
del mencionado interés general”.
Hemos llegado a una
situación, en la que se han roto todas las posibles vías de dialogo con el
gobierno sedicioso catalán, ya es imposible tender puentes entre las partes por
culpa del delirio permanente en el que se ha instalada Artur Mas y quienes le
apoyan. Artur Mas hace tiempo que perdió el norte y está totalmente incapacitado para representar a todos los
catalanes.
Ahora nos cuenta Rajoy, que
tiene movilizado al Estado para frenar a Mas, que está esperando el texto de la
convocatoria del 27-S. Miembros del Gobierno, nos quieren convencer de que la
legalidad se impondrá, algo que nos gustaría creer pero que desmienten los
antecedentes que existen.
Desde hace muchos años el
gobierno catalán incumple sistemáticamente las sentencias judiciales que no le
satisfacen y ningún gobierno de la Nación se ha atrevido a actuar. Ahora
tendrán que convencernos de que en el territorio español de las cuatro
provincias catalanas sí que está vigente el Estado de Derecho.
Que nadie olvide que la
integridad territorial de nuestra Nación es para muchos de nosotros sagrada,
además de estar protegida por nuestra Constitución, y que
la soberanía reside en la totalidad del pueblo español.
Los españoles
demócratas confiamos en que nuestro legítimo Gobierno cumpla con su obligación,
de cumplir y hacer cumplir las leyes, pues si no lo hiciese, la necesaria
solución podría proceder de quienes tienen otra misión específica en nuestra
Constitución pero que son el garante último de la unidad nacional y la
legalidad constitucional.
