Mientras el juez Ruz afirma
en su auto “que hay sólidos indicios de la financiación ilegal del Partido
Popular durante 18 años”, el PP aprovecha su mayoría absoluta en el Congreso
para impedir la comparecencia de Mariano Rajoy, pedida por todos los grupos de
la oposición, para que explique su responsabilidad en esa financiación ilegal
del Partido Popular durante casi dos décadas. Es evidente, que los ciudadanos
no le dieron su confianza al Partido Popular y la mayoría absoluta, para que la
utilicen para no afrontar sus responsabilidades.
El PP carece de fuerza
moral para exigir responsabilidades políticas, por ejemplo en Andalucía, si él
mismo se niega a asumir las suyas por el caso de los 18 años de financiación
ilegal que se va a juzgar en la Audiencia Nacional.
No sería de extrañar, que
tanto Mariano Rajoy como Mª Dolores de Cospedal, fueran imputados en este
asunto. Durante esos 18 años, Rajoy fue vicesecretario general, secretario
general y presidente, él siempre estuvo allí, siempre que el PP se financió al
margen del Tribunal de Cuentas y de la legalidad establecida, Rajoy estuvo en
la dirección del partido.
En esa contabilidad B del
Partido Popular, se especifica que las elecciones catalanas del 2003, las
generales, andaluzas y europeas de 2004, y las generales y andaluzas de 2008,
se financiaron con dinero negro, es decir, hicieron trampa en relación a otros
partidos, un agravio en toda regla.
Aquí, la gran pregunta es
si se va a atrever nuestra “dependiente Justicia” a imputar y condenar a los
más altos dirigentes del Partido Popular, que a su vez lo son ahora de la nación.
Personalmente creo que eso no va a ocurrir, ya que eso solo sería posible en el
marco de una Justicia completamente independiente en donde sus miembros no
fueran puestos por los políticos a los que luego tienen que juzgar.
