Los ciudadanos españoles
observan, con una mezcla de resignación y rabia contenida, como el Gobierno que
preside Mariano Rajoy también se dedica a mirar para otro lado ante las
ilegalidades que cometen a diario unas administraciones catalanas en manos del
independentismo.
Si hace pocos días supimos
que la Generalidad había dado instrucciones para que las urgencias sanitarias
solo atendieran a los ciudadanos catalanes que se expresaban en catalán, una
auténtica aberración se mire desde donde se
mire. Ahora también sabemos, que el ayuntamiento de Barcelona abrió el 4
de marzo una convocatoria para cubrir 100 plazas de policías locales, pero que
dicha oposición no fue anunciada a través de todos los mecanismos oficiales, ya
que en la versión en español de su página web omitió deliberadamente dicha
oferta de empleo público, al contrario de lo que ocurrió en su versión
catalana.
Pese a que el ayuntamiento
achacó lo sucedido a un fallo informático, nadie les cree, de hecho, hicieron
la misma jugada con otra reciente convocatoria para ocupar 60 plazas de
bomberos.
En esa web municipal es en
donde se realiza la solicitud telemática para optar a la plaza, se pagan las
tasas y se anuncian las fechas de selección, de hecho, no es el único sistema
posible para ello pero es el que el propio ayuntamiento recomienda.
Hay personas que llevan
mucho tiempo preparando estas oposiciones y se han quedado fuera, víctimas de
las continuas ilegalidades que comete a diario el nacionalismo catalán, y que
siempre quedan impunes gracias a la inacción de un Gobierno de España, que
pretende dar la sensación de firmeza cuando en realidad, lo que hace, es
permitir que el Estado de Derecho no esté
vigente en Cataluña, los responsables de las tropelías gocen de una
total impunidad, y los ciudadanos, vean como a diario son pisoteados sus
derechos y sus libertades.
El totalitarismo
lingüístico ha sustituido al bilingüismo que consagra nuestra Constitución.
