Las
sociedades modernas, basan su organización y convivencia, en la
democracia y en el Estado de Derecho. Por eso, en los países mas
avanzados, los enfrentamientos y discrepancias, se resuelven en el
parlamento y bajo el imperio de la Ley.
Por
ello, para conseguir la paz social, es imprescindible convertir la
legalidad democrática en el principal instrumento para alejarnos de
la confrontación y de la crispación, lo que facilita el desarrollo
en esas sociedades mas prósperas.
Aunque
hoy en día, España es una sociedad teóricamente democrática, vive
permanentemente amenazada por los nacionalistas y los
independentistas, quienes cuestionan sistemáticamente la legitimidad
de sus instituciones e incumplen impunemente las leyes.
Su
último órdago a nuestro sistema de convivencia es el referendum
independentista ilegal que se pretende hacer en Cataluña, consulta
organizada por unos cargos públicos que prometieron cumplir y hacer
cumplir las leyes, unas leyes que les otorgan su legitimidad como
gobernantes.
En
un Estado de Derecho, ningún ciudadano está por encima de la Ley,
por ello la importancia de respetar los procesos de regulación y
decisión establecidos, es garantía de respeto a la legalidad
democrática.
La
Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de autorización para la convocatoria de referéndum. El
Tribunal Constitucional lo ha dejado muy claro, aunque parece que
Artur Mas no termina de enterarse y continua erre que erre con su
delirio.
