En
mi
artículo
del
pasado
28
de
enero
dije,
que
el
fallo
del
Tribunal
Supremo
a
favor
de
la
decisión
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña
de
obligar
a
la
Generalitat
a
incluir
el
español
como
lengua
vehicular,
no
iba
a
ser
cumplido
y
acerté,
aunque
reconozco
que
era
bastante
previsible.
Con
los
antecedentes
que
hay
era
lógico
pensarlo,
son
innumerables
las
sentencias
de
los
tribunales
sobre
materia
lingüística
que
son
incumplidas
sistemáticamente
por
un
Gobierno
de
Cataluña
que
se
niega
a
renunciar
a
la
inmersión
lingüística.
Lo
lamentable
es,
que
esa
desobediencia
a
la
resolución
de
los
tribunales
no
haya
comportado
para
quienes
la
perpetran
ninguna
sanción
o
pena
de
las
que
prevé
para
esos
casos
nuestro
Código
Penal.
Desde
la
Transición,
jamás
a
nadie
se
le
permitió
una
actitud
semejante
y
mantenida
en
el
tiempo,
ya
que
si
eso
hubiese
sucedido,
España
habría
dejado
de
ser
un
Estado
de
Derecho
hace
mucho,
ya
que
si
todos
los
ciudadanos,
cargos
públicos
incluidos,
no
se
someten
al
imperio
de
la
Ley
y
no
acatan
las
resoluciones
de
los
tribunales,
ese
Estado
de
Derecho
no
existe.
Lo
llevo
diciendo
machaconamente
desde
hace
mucho
y
lo
seguiré
haciendo,
en
Cataluña
el
Estado
de
Derecho
no
existe,
y
los
que
tienen
la
obligación
de
impedir
semejante
situación
siguen
paralizados
y
haciendo
cálculos
electorales.
Cataluña
es,
hoy
por
hoy,
un
“Territorio
Comanche”
dentro
de
España,
y
eso
es
muy
grave,
pues
los
sediciosos
que
gobiernan
esa
tierra
española
se
han
percatado
que
aunque
ignoren
las
normas
mas
elementales
del
comportamiento
democrático,
el
poder
del
Estado
sigue
sin
caer
sobre
ellos.
Y
lo
que
es
mas
grave,
con
esa
actitud,
el
Estado
abandona
a
su
suerte
a
los
millones
de
ciudadanos
catalanes,
que
también
se
sienten
españoles,
que
ven
como
a
diario
son
vulnerados
sus
derechos
y
libertades.
Reconozcamos
que
a
fecha
de
hoy,
Cataluña
es
políticamente
independiente,
y
económicamente,
financiada
por
su
madre
España,
a
la
que
pese
a
haber
traicionado
le
puede
mas
su
amor
de
madre
y
le
sigue
dando
su
paga.