Art. 155 y Estado de derecho.

Estamos
en una situación en la que poco importan cuales sean nuestras ideas
políticas, lo que ahora realmente importa, es si somos de los que
consideramos que sin Estado de derecho no hay democracia, o si por el
contrario, entendemos que para que haya una democracia aceptable hay
que acabar con lo que tenemos.

Yo
soy de los que piensan, que el Estado de derecho y el conjunto de
leyes que lo componen, debe estar vigente en todo el territorio
nacional, y si eso no ocurre, la responsabilidad es de un Gobierno
que hace dejación de funciones, y de nosotros los ciudadanos, que se
lo permitimos.

Desde
hace muchos años, tanto PP como PSOE, se apoyaban en los partidos
nacionalistas para poder gobernar. Por ello, les iban haciendo
concesiones, unas concesiones que si en principio parecían de poca
importancia, a lo largo de los años han provocado una situación de
auténtica emergencia nacional. Las continuas cesiones fueron vistas
por los nacionalistas como debilidad y empezaron poco a poco a
desafiar al Estado de derecho hasta conseguir, en el caso de
Cataluña, que no este vigente en su territorio.

La
Generalitat catalana ha incumplido sistemáticamente las sentencias
judiciales que ellos entendían que entorpecían sus planes hacia la
secesión, mientras que los sucesivos gobiernos centrales hacían la
vista gorda pensando solo en clave de poder e interés particular, el
resultado todos lo conocemos y lo padecemos.

Ayer,
la consejera de Educación catalana dijo que se reunirá la próxima
semana con representantes del sector editorial para informarles de
que no es necesario modificar los libros de texto para el curso
2014-2015 pese a la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE). Es decir, Cataluña se niega a
aplicar una ley aprobada en el Parlamento, el desafío aumenta.

Estamos
ante la decisiva “prueba del algodón” de Mariano Rajoy, si su
Gobierno también permite esto, si su Gobierno sigue sin tomar la
decisión de aplicar a Cataluña el artículo 155 de nuestra
Constitución y suspende su autonomía por “clara deslealtad”, si
esto no ocurre, podríamos empezar a pensar en la manera de poder
exigirle al propio Rajoy responsabilidades penales y la necesidad de
iniciar movilizaciones ciudadanas, aunque esta vez protagonizadas por
los españoles que quieren que se cumplan las leyes.