El
Partido Popular nos decía desde la oposición que iba a acabar con la
politización de la Justicia. Si hace pocos días decidió apoyar la designación
por los partidos políticos de los vocales del CGPJ, ahora ha decidido que la
designación de peritos judiciales se convierta también en decisión política. El
cambio de criterio de los populares suena a estafa en toda regla a sus
votantes.
El
director de la Agencia Tributaria, cargo político nombrado por el Gobierno, será
quien realice la designación última de los peritos judiciales en los casos en
que los jueces los soliciten en causas de delitos fiscales, blanqueo de
capitales y similares.
Se
trata de las causas en que interviene la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo,
por lo general causas muy llamativas, muchas de ellas relacionadas con casos de
corrupción de personas aforadas con políticos y representes institucionales
implicados.
Poder
designar peritos a medida otorga al Gobierno un peligroso control de buena
parte de la instrucción judicial. Ya se sabe, si juzgan a un corrupto de los de
mi partido, pues nada, le designo un perito a medida que en vez de buscar
pruebas en su contra las oculte. Si no, porque tanto interés en controlar
también a los peritos.
Si el PSOE hizo todo lo posible para controlar la Justicia, ahora el PP
con su ministro Gallardón al frente la está terminando de maniatar.