Con
la excusa de luchar contra el fraude fiscal, la Junta de Andalucía
pretende impedir que los andaluces que vayan a morir
“previsiblemente” en el plazo de un año, puedan disponer de sus
cuentas bancarias.
Este
proyecto de Ley fue admitido a trámite por el Consejo de Gobierno
que preside Susana Díaz y dice pretender que se impida eludir el
pago del impuesto de Sucesiones en los casos de “fallecimiento
previsible con anterioridad”.
La
Junta de Andalucía pretende exigir a la persona beneficiaria que
aporte una acreditación emitida por la entidad financiera en la que
aparezca el saldo en el momento del fallecimiento, pero también los
movimientos de dicha cuenta en el último año, así como el número
de titulares de la cuenta”.
De
entrada, cualquier ciudadano que esté en plena posesión de sus
facultades mentales, esté o no esté enfermo, es libre de disponer
de su dinero y de su patrimonio como le plazca.
Los
expedientes médicos de los pacientes andaluces son confidenciales y
va contra la ley que la Consejería de Sanidad pudiese enviar datos
de esos expedientes a la de Hacienda, además de que habría que
contar con la complicidad de los facultativos quienes deberían
renunciar a su ética profesional.
Salvo
en contados casos, los médicos saben que es muy difícil pronosticar
el tiempo de vida que le queda a un enfermo, independientemente de la
dolencia que sufra. Lo mismo, estos “lumbreras” de las Junta
meten en plantilla a “La Bruja Lola” para que adivine cuando va a
palmar cada enfermo.
Sencillamente
estamos ante un intento de la administración andaluza para
entrometerse en nuestra vida privada pisoteando nuestros derechos y
libertades fundamentales. Ni al bolivariano Hugo Chavez se le ocurrió
semejante barbaridad.