Mucho
se ha hablado de la actividad exterior de las CCAA, de esas falsas
embajadas vestidas de oficinas comerciales, y también, de esas casi
siempre inútiles delegaciones que se desplazan a países, muchas
veces exóticos, y que suponen un coste enorme a las arcas públicas.
Estamos hablando de políticos desaprensivos que viajan a nuestra
costa con el dinero de nuestros impuestos a misiones inútiles.
Esta
actividad pseudodiplomática crea muchos problemas a nuestras
embajadas, pues cuando por cortesía avisan del viaje al Ministerio
de AAEE, éste tiene que avisar a la embajada correspondiente, mover
funcionarios, cuadrar agendas, y enviarles un informe que detalle las
prioridades del propio Ministerio en el país que va a ser visitado.
Todos saben que el informe jamás es leído y que la deslealtad
preside esos viajes.
Esta
cara de la España de las Autonomías demuestra el desmadre
existente, un desorden que nadie se atreve a corregir.
Las
CCAA han realizado casi mil viajes al extranjero en los últimos
cinco años, delegaciones amplias que viajan gratis total, otro
privilegio de nuestra clase política. Con el dinero gastado en tan
inútil actividad, se podría pagar la prestación de 426 euros a
cerca de 70.000 parados. Curiosamente, durante la crisis, estos
viajes han aumentado.
Como
no podía ser de otra manera, Cataluña es la comunidad que mas
delegaciones ha enviado, exactamente, un centenar en los últimos dos
años, y también es la que menos informa de ello al Ministerio de
AAEE.
Las
distintas CCAA practican la opacidad mas absoluta y no informan de
sus actividades exteriores, ni por supuesto de lo que supone para las
arcas autonómicas. Amparada en la cultura del secretismo, la clase
política sigue aferrada al lujo en sus desplazamientos al exterior.
Entre
los datos que se conocen y los que no, estamos en disposición de
afirmar que los números reales de todo este asunto, deben de ser
escalofriantes. No solo es el costo de los famosos viajes, es el
alquiler de las oficinas y su personal.
Sigo
pensando que, si alguien desde el Gobierno se atreviera a acabar de
una vez por todas con el despilfarro existente y los privilegios que
ostenta la clase política, se podrían evitar los recortes en los
servicios básicos que reciben los ciudadanos.