Conforme
pasa el tiempo, tengo mas claro que si quienes han gobernado
Andalucía desde siempre se hubieran dedicado a buscar soluciones a
los problemas de esta tierra, en vez de estar “a tiempo completo”
pensando en como saquear las arcas públicas, estoy convencido de que
Andalucía no estaría en su triste situación actual, furgón de
cola de España y de Europa.
Salta
a los medios un nuevo caso, un juez ve indicios de fraude en la
gestión de la Consejería de Empleo de las ayudas a enfermos
mentales. Dicha consejería concedió durante muchos años
subvenciones, sin control de ningún tipo, para programas a beneficio
de enfermos mentales.
Una
administración no puede, otorgar ayudas y entregar el dinero, sin
asegurarse a qué va destinado, y si el destinatario cumple o no los
requisitos exigidos. Esto es lo que ha ocurrido con la asociación
San Juan Grande, ubicada en la localidad sevillana de Carmona, donde
un juzgado de la localidad la ha investigado por una estafa
millonaria en la construcción de un centro para enfermos mentales y
un presunto gran fraude en el manejo de ayudas públicas.
El
juzgado de Carmona, viendo la envergadura del asunto, ha derivado el
caso a un juzgado de Sevilla, donde se considera que son hechos que
podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de
caudales públicos y fraude de subvenciones.
Parece
haber quedado aclarado que miembros de la Consejería de Empleo, a
sabiendas de la no justificación de las cantidades entregadas,
siguieron autorizando subvenciones. Estamos hablando de una
asociación que ha estafado a cientos de vecinos de su localidad.
Los
ex consejeros Fernández y Recio, también implicados en el fraude de
los ERE, siguieron financiando a esta asociación y con los
procedimientos administrativos que se abrieron en su momento por la
falta de justificación de las subvenciones, los metieron en un cajón
y los dejaron caducar. Con ello, vulneraron gravemente la Ley General
y el Reglamento de Subvenciones, que proscriben la concesión de las
mismas en caso de no justificación de su destino.
Esta
asociación recibió de la Consejería de Empleo catorce subvenciones
entre 2004 y 2007 por un importe total cercano a los dos millones de
euros.
Conociendo
los detalles del caso, lo primero que nos preguntamos es si estamos
ante los famosos “cuatro golfos socialistas” o si por el
contrario, estamos ante una nueva pieza de esa gran trama corrupta
organizada desde el poder político andaluz para saquear las arcas
públicas de la comunidad.
Espero
que el titular del juzgado que lleva el caso, le ponga el mismo
interés al asunto del que le está poniendo la juez Alaya en el caso
de los ERE para que así los responsables del fraude vean caer sobre
ellos todo el peso de la ley.