En
el mundo libre, se sabe con certeza que los resultados anunciados en
su día por el Consejo Nacional Electoral venezolano, son falsos. Las
elecciones del 14-A las ganó la oposición liderada por Capriles.
Los opositores presentaron miles de denuncias sobre las
irregularidades cometidas, el CNE se negó a investigarlas y se
apresuró a confirmar a Maduro, justamente quien las había perdido.
Ahora,
la oposición ha decidido impugnar las presidenciales venezolanas y
el Tribunal Supremo deberá decidir, un tribunal contaminado y
controlado por el chavismo, que siempre ha cumplido fielmente las
órdenes que le daba el poder ejecutivo. Todos saben a quien le va a
dar la razón el Tribunal Supremo, en él termina la vía
institucional.
A
partir de ahora, Capriles debe dirigirse a las instancias
internacionales, porque como él mismo dice, “Cuando la justicia se
le niega a un pueblo, la comunidad internacional ayuda a que salga la
verdad”, nadie me podrá negar que esta frase rezuma cierta
ingenuidad.
Venezuela
y el mundo entero aún seguimos conmocionados por la emboscada
perpetrada por el chavismo contra los diputados opositores de la
Asamblea de aquel país, el resultado de este ataque violento fue de
seis diputados de la oposición heridos, pasando por el quirófano
dos de ellos con graves fracturas.
Existe
un video en el que se ve con claridad como el jefe de los diputados
chavistas hace una señal a los agresores para que golpeen a los
diputados de la oposición. Venezuela se encuentra inmersa en un
golpe de Estado permanente propiciado por los que han llegado al
poder de forma ilegítima. Si el derecho a disentir por medios
pacíficos no es reconocido por quien ostenta el poder, como ocurre
en Venezuela, podemos afirmar que estamos claramente ante un régimen
dictatorial.
Pero
mucho mas grave que lo que sufren los diputados opositores es la
“Caza de Brujas” a la que el régimen tiene sometida a la
población. Se están cribando todas las llamadas y mensajes de
móviles, así como los emails de los ciudadanos, para saber quien
apoyaba a Capriles. Fuentes del régimen ha dicho en público, que
todo empleado público que haya apoyado a Capriles será despedido,
que todo ciudadano beneficiario de una casa social o ayuda, la
perderá. Es tal la situación, que la Conferencia Episcopal
venezolana ha emitido un comunicado calificando como bochornoso lo
que está sucediendo, afirmando que “Opinar en contra del proyecto
oficial no debe ser motivo para perder la libertad, el puesto de
trabajo o la vivienda”.
En
la actualidad existe una auténtica persecución laboral a los
ciudadanos que han apoyado al líder opositor, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha recibido denuncias en este
sentido.
Por
todo lo que está sucediendo allí, escuchar aquí en España a
partidos con representación parlamentaria, mostrar su apoyo al
régimen chavista y afirmar que les gustaría exportar a sitios como
Andalucía sus políticas, debería encender todas las alarmas. Que
el totalitarismo se está abriendo paso en nuestra sociedad es un
hecho, y a las pruebas me remito.