El
decreto ley de la función social de la Vivienda, promovido por la
consejera comunista de Vivienda, Elena Cortés, esa mujer conocida
por su intolerancia, que en la Semana Santa cordobesa de 2008
protagonizó un bochornoso hecho cuando pasaba por delante de su
domicilio el Cristo de la hermandad del Huerto del Domingo de Ramos a
los que recibió con una pancarta y un estridente ruido de bocina,
algo que fue considerado en su día como una grave ofensa, siendo
ella en esa fecha delegada de Educación e Infancia del ayuntamiento
de Córdoba, es la guinda que culmina el estrepitoso fracaso de las
políticas en materia de Vivienda que la Junta de Andalucía,
políticas que ha tratado de desarrollar en las últimas dos
décadas.
Ahora
les ha dado por multar y expropiar viviendas temporalmente a bancos e
inmobiliarias por tener inmuebles vacíos, antes les dio por hacer
pública su promesa de garantizar por ley el derecho a una vivienda
digna de cada andaluz, los incautos se lo creyeron y le dieron a
Manuel Chaves su última mayoría absoluta.
La
política de Vivienda de la Junta de Andalucía ha sido un fracaso
continuado. Ahora el PSOE le ha dado a Izquierda Unida esa
consejería, y claro está, los comunistas la han liado. El PSOE
contento, pues durante bastantes días ya no se habla del saqueo de
los ERE fraudulentos.
Los
comunistas pretenden que las casas vacías salgan al mercado de
alquiler, y lo quieren conseguir “por lo civil o por lo criminal”,
forzando a los distintos actores para conseguir el abaratamiento de
los alquileres.
Os
acordáis de aquellas famosas Agencias de Fomento del Alquiler, aquel
invento de la consejera Concha Gutierrez (PSOE). Se crearon e 2003 y
se llegaron a homologar 200 Agencias, en los siguientes cuatro años
solo se cubrió el 30% de las expectativas iniciales, a partir de
2007, la Junta de Andalucía dejó de cumplir con sus obligaciones
adquiridas con los actores implicados, en 2011 la Junta le debía
cerca de 40 millones de euros a cerca de 7.000 propietarios, a las
Agencias les debía cerca de 20 millones de euros, por lo que el 90%
tuvieron que cerrar, y a los inquilinos, alrededor de 12.000 les
debía 10 millones de euros.
La
Junta provocó el colapso económico de demasiada gente, entre ellos
muchas mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes, a los
que la Junta ha dejado en una situación insostenible, muchos de
ellos tuvieron que abandonar las viviendas. El balance final de este
proyecto de la Junta de 2003 es sencillamente el de una canallada,
una administración autonómica que ha abusado de familias
pertenecientes a colectivos débiles y vulnerables.
En
2005, la Junta de Andalucía aprobaba la Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo, que en definitiva era, que los
propietarios de viviendas de VPO no se les permitía durante un
número de años venderlas a precio de mercado para que así las
familias pudieran acceder a una de venta libre. El resultado fue
desastroso, la venta de viviendas de VPO se colapsó y hubo
movilizaciones de afectados, al final hubo bajada de pantalones de
Chaves al ver que podía pasarle factura electoral, y accedió a
descalificar las VPO si tenían diez años de antigüedad.
Tras
estos fiascos, Chaves creó una Consejería de Vivienda para
desarrollar la Ley de Vivienda Digna, con la pretensión de
garantizar la propiedad de una casa a familias andaluzas con ingresos
inferiores a 3.000 euros y que no pudieran hacerlo en el mercado
libre. Un nuevo brindis al sol.
El
último mensaje que lanzó el PSOE fue ese de “quien no posea una
vivienda podrá ir a los tribunales”, cuando los tribunales, lo
único que vienen decretando desde entonces son desahucios.
Y
ahora, pues el famoso decreto antidesahucios, un atentado “populista”
contra la propiedad privada, que nadie sabe en que va a acabar, y que
por supuesto, se judicializará a nivel individual y probablemente
llegue al Tribunal Constitucional.
Mientras
esto sucede, la Junta de Andalucía, la Empresa Pública de Suelo
Andaluz (EPSA), posee cerca de 5.000 viviendas vacías. Solo con
ellas, los afectados por los desahucios dispondrían de una solución.
Por ello pienso, que la ocurrencia comunista, permitida por los
socialistas, se ha hecho para tapar la actualidad de los ERE
fraudulentos con una medida propia de repúblicas bananeras a
sabiendas que iba a dar mucho de sí en los medios.