Leer
el informe del Tribunal de Cuentas, en el que afirma que, sin lugar a
dudas, las CCAA cobran subvenciones por prestar servicios de
dependencia a personas fallecidas, produce auténtico bochorno y nos
da una idea de lo podrido que está todo.
En
dicho informe, el Tribunal de Cuentas, amenaza a las CCAA, que si no
aclaran los casos sospechosos detectados “procederá a darlos de
baja a todos y exigirá la devolución de los pagos correspondientes
y desembolsados hasta ahora indebidamente”.
El
propio responsable del Imserso ha declarado que, “la respuesta de
los consejeros responsables de las distintas CCAA a sus
requerimientos está siendo frustrante, sin distinción de partido
político”, es decir, aquí la golfería no es propia de ningún
partido político en particular, les afecta a todos, y todos se
comportan de forma similar.
El
Tribunal de Cuentas ha detectado cerca de seis mil casos de
ciudadanos que murieron en 2011 y siguen siendo beneficiarios; dando
a entender que esto podría ser la punta del iceberg de un fraude muy
importante, un fraude que al afectar a cargos públicos de todos los
“viejos partidos” difícilmente se pedirá responsabilidades a
los culpables.
El
informe da la cifra de casi 42.000 beneficiarios fallecidos, cuyas
respectivas CCAA seguían cobrando por ellos, desde que se implantó
la Ley de Dependencia, es decir, mientras que muchas familias con
pocos recursos tienen reconocida la dependencia de algunos de sus
miembros, y pese a ello aún no la han empezado a percibir la ayuda,
los políticos que ocupan el poder en las CCAA cobran por difuntos y
se lo gastan en lo que les parece, una auténtica desvergüenza.
El
Ministerio de Sanidad cuantifica lo defraudado en cerca de 50
millones de euros y reconoce que ha utilizado a la policía para
descubrir si ciertos beneficiarios están vivos. Está claro que en
el Ministerio de Sanidad no se fían lo mas mínimo de los datos que
les facilitan las CCAA. Hay una frase del informe que me produce
bastante vergüenza cuando dicen que “el problema es la remolonería
con la que están respondiéndonos”, seguro que si cualquier
ciudadano como nosotros tuviera un comportamiento parecido, no
utilizarían con nosotros semejante concepto, pero claro, “ellos
son los que parten el bacalao” y nosotros los “paganos”.
Cuando
el Tribunal de Cuentas afirma que estamos ante un caso de picaresca,
para quitarle hierro al asunto, nos damos cuenta del nivel de
metástasis que tiene el sistema, con esa visión del asunto también
se podría decir que el ciudadano que no paga impuestos ejerce la
picaresca. Lo mas triste de todo es que utilizan esa palabra a modo
de comprensiva eximente.
Seguro
que nadie paga por esto, como entre golfos anda el juego, se pondrán
de acuerdo y pasarán la mano, que todos saben demasiadas cosas de
todos y no conviene airearlas.
Dudo
que en cualquier país serio de nuestro entorno esto pueda pasar, y
mucho menos sin que los responsables paguen por ello. Os acordáis
aquel lema de la época franquista de “España is diferent”, pues
creo que ahora también lo somos.