Paremos los desahucios.

Según el Consejo General del Poder Judicial, desde el comienzo de la crisis, se han firmado cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Conviene recordar, además, que cada ejecución hipotecaria y cada desahucio no afectan a una sola persona, sino a todo un núcleo familiar, lo que eleva la cifra de afectados a cantidades mareantes.

Tras la locura de hipotecas firmadas durante los primeros años de la década pasada, vino la explosión de la burbuja inmobiliaria y la subida espectacular del desempleo. Ello ha condenado a miles de familias a no poder pagar las cuotas de su hipoteca. Todo el peso de unas leyes que no conocían han caído ahora sobre ellas. Gran responsabilidad de todo lo ocurrido, la tienen las entidades financieras y las instituciones públicas, que empujaron a los ciudadanos a ese modelo de acceso a la vivienda. Aquí se liberalizó y se estigmatizó el mercado de alquiler, al contrario de lo que sucedía en Europa, las facilidades para firmar una hipoteca empujaron durante décadas a las familias hacia la propiedad, endeudándose con las entidades financieras a través de contratos con mucha letra pequeña. Precisamente, es esa letra pequeña la que cae ahora sobre aquellos que no pueden hacer frente a su hipoteca.

Las familias afectadas, desoladas, ven cómo la entidad financiera firma la ejecución hipotecaria, tras lo cual la vivienda es subastada a través de un opaco proceso en el que la propia entidad acaba quedándose con la casa, normalmente pagando un 60% del precio de tasación. Este proceso implica que el afectado pierde su vivienda, pero no acaba de saldar la deuda con el banco, por lo que, de un día para otro, es desahuciado y se queda con una deuda a la que, obviamente, no puede hacer frente; los intereses por impago de dicha deuda, además, se disparan mes a mes, condenando al afectado de por vida.

Todo esto es posible gracias a una ley perversa que permite a las entidades financieras especular con la vivienda, olvidando el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al tiempo que exige a los poderes públicos que elaboren las normas para hacer efectivo este derecho y que regulen el uso del suelo para evitar la especulación. Por lo tanto, la responsabilidad de la situación, recae a partes iguales entre las entidades financieras y los poderes públicos.

Ante la situación de emergencia social que vivimos, se hace imprescindible cambiar las leyes para que se contemple la dación en pago -es decir, saldar la deuda con la entrega de los pisos-, la paralización de los desahucios -permitiendo a los afectados quedarse en la vivienda a través de un alquiler social- y la aplicación retroactiva de estos dos puntos.

No es de recibo, que cuando un promotor no vende sus viviendas, la entidad financiera si le acepte la dación en pago y se quede con la promoción, y que por el contrario no lo haga con los ciudadanos particulares.

La mayoría de los ciudadanos normales que no nos hemos visto nunca envueltos en un desahucio, no podemos ni imaginarnos, lo que supone perder el que posiblemente sea el único patrimonio de una familia trabajadora, lo que supone verte en la calle con tus hijos, sin un lugar donde ir a no ser que te acoja un familiar, endeudado de por vida y sin trabajo.

Yo iría mucho mas lejos en las peticiones a nuestro gobierno, todo propietario que demuestre, que cuando firmó el contrato de su vivienda tenía ingresos suficientes para poder pagarla, no se le debería poder desahuciar. La entidad bancaria debería esperar a que la situación laboral cambiara y entonces renegociar.

Las entidades financieras están saturadas de viviendas, tienen un parque de inmuebles invendibles en la mayoría de los casos a corto plazo y no les acucia la necesidad de seguir incrementándolo.

La solución de esta tragedia la tiene en su mano el ejecutivo y el legislativo, no pueden seguir mirando hacia otra parte mientras cientos de miles de familias están al borde de la desesperación.