Pertenezco a una generación, acostumbrada al “gratis total” en los servicios públicos básicos. Ahora escuchamos por todos sitios, que debido a la grave crisis económica que sufrimos esto puede acabarse.
Yo soy de los que piensa que eso del “gratis total”, para personas que si que podrían pagar algo, es contraproducente, ya que llega un momento en que se deja de valorar el servicio que se nos presta.
Lo que si que tengo muy claro, es que las familias y los ciudadanos que tienen ingresos bajos, o que están en una situación límite y que tienen serias dificultades para llegar con dignidad a fin de mes, a ellos, no se les puede pedir que asuman ese esfuerzo, para ellos los servicios básicos deben ser totalmente gratuitos.
El problema es que todo este razonamiento se viene abajo cuando uno se da cuenta de que vive en un país donde la honestidad brilla por su ausencia entre la clase política, donde la corrupción y el despilfarro están institucionalizadas. Vivimos en un país en donde los que nos gobiernan no nos dan ejemplo de absolutamente nada.
Aquí se permite que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura). Lo que provoca que cualquier concejal liberado del equipo de gobierno de cualquier pueblo gane más que un catedrático, un cirujano o un científico.
Aquí se permite la superjubilación de un diputado y la pensión de miseria de cualquier viuda, cuyo marido seguro, que trabajando toda su vida, hizo mucho más por su país que cualquier diputado-vividor.
Aquí se permite que mientras que un ciudadano tiene que trabajar 35 años para percibir una jubilación, a los diputados les baste sólo con tres o con seis según el caso, y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima sólo necesiten jurar el cargo, aunque los cesen por incompetentes al poco tiempo. A la ciudadanía nos resulta indecente que un presidente o cualquier ministro del ejecutivo con solo estar unas horas en su cargo, tenga derecho a una jubilación dorada, a la que curiosamente ninguno renuncia.
Aquí se permite colocar en la administración a miles de asesores, es decir, amigotes con sueldo, cobrando una cantidades que para sí las desearían los técnicos más cualificados.
Aquí se permite destinar ingentes cantidades de dinero público al sostenimiento de los partidos políticos. Estas subvenciones las aprueban los mismos dirigentes de esos mismos partidos. Vamos “yo me lo guiso, yo me lo como”.
Aquí no hay ningún control sobre el costo que representa para los ciudadanos, lo que los políticos gastan en comidas, coches oficiales, choferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito.
Resulta indecente que sus señorías tengan casi cinco meses de vacaciones al año (48 días en Navidad-Enero, unos 17 dias en Semana Santa -a pesar de que muchos de ellos se declaran laicos- y unos 82 días en verano). Aquí se permite que sus señorías cuando cesan en el cargo, dispongan de un colchón del 80% del suculento sueldo que cobraban.
Aquí se permite, que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.
Podría seguir dando ejemplos que indignan a los ciudadanos, aunque creo que con esta muestra es suficiente.
Mientras todo este chiringuito montado por y para los políticos se mantenga, ningún gobierno tiene legitimidad para proponer que la sufrida ciudadanía pague por acceder a los servicios públicos básicos.
Siempre se dedican a mantener sus privilegios y no a defender nuestros derechos.