A comienzos de 2020, un ciudadano presentó una denuncia contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por permitir las manifestaciones y actos del 8-M cuando ya había datos para saber que se ponía en riesgo la salud pública. A finales de marzo, la titular del juzgado, pide a la policía judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que lo investigue y prepare un atestado, al frente de esa Comandancia estaba el coronel Diego Pérez de los Cobos.
El domingo 24 de mayo del año pasado, la directora de la Guardia Civil, llama al coronel y le comunica su cese fulminante, declarando al día siguiente Marlaska, que lo hace por pérdida de confianza. Aunque muy pronto se descubre el por qué, pues la prensa destapa un documento “reservado” de la directora de la Guardia Civil que prueba que el cese se debió a que el coronel se negó a revelar el contenido de la investigación que le había encargado la juez con exigencia de confidencialidad. Pérez de los Cobos fue cesado por los mandos de Interior, precisamente, por cumplir con su deber, en una inadmisible intromisión del Ejecutivo en la labor de la Justicia. Pero el coronel recurrió su cese, y ahora, la Audiencia Nacional, le da la razón y exige que se le reponga en el cargo.
Teniendo en cuenta, que Marlaska mintió a la Cámara en mayo del año pasado sobre este asunto, debería dimitir. Eso ocurriría en una democracia seria, no en este lodazal pseudo democrático en proceso de demolición al que nos ha llevado la izquierda radical aprovechándose de la inacción de la derecha pusilánime.