En esta Andalucía, alguien
con un poco de poder, puede acosar sexualmente a una trabajadora, y al verse
denunciado, despedirla y seguir disfrutando del cargo mientras no haya una
sentencia. Eso es lo que ha pasado en la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir.
Los que desde el régimen
socialista andaluz llevan décadas utilizando slogans para demostrar que son muy
igualitarios, muy justos, a la hora de la verdad, son incapaces, les falta
capacidad de reacción, para impedir que una mujer trabajadora acosada por uno
de esos despreciables desalmados, sea objeto de semejante injusticia.
Tener que soportar durante
casi dos años, las insinuaciones, después las provocaciones y humillaciones,
del que era su jefe, diciéndole que estaba obsesionada con ella, que le decía
como tenía que vestir para acudir a su puesto de trabajo. Alguien que aprovechaba la mínima oportunidad para
rozarse con ella, incluso el día que ella se decidió a denunciarle, fue como
consecuencia de una persecución en coche, lo que la llevó a ir a la Guardia
Civil a pedir ayuda.
El gerente de la Mancomunidad
de Municipios del Bajo Guadalquivir era el acosador, la acosada, una humilde
trabajadora. El acosador mantuvo su puesto durante cuatro años mientras que
ella fue despedida de inmediato por atreverse a denunciar los hechos. Su
despido se declaró improcedente, le pagaron 35 días por año, 7.000 euros de
indemnización, y la mandaron a su casa.
Cuando tras la sentencia se
reconocieron los hechos, lo lógico hubiese sido que ella recuperase el puesto
de trabajo, pero no, ni lo recupera si la administración le hace un
reconocimiento público que subsane en parte el calvario pasado por ella.
