Recordemos, que cuando VOX solicitó
a la Junta de Andalucía información sobre si los trabajadores de violencia de
género reunían los requisitos, exigidos y exigibles, para llevar a cabo su
trabajo y realizar informes que posteriormente se utilizan en los juzgados, y
que pueden influir tremendamente en sentencias que pueden cambiar, y hasta arruinar, la vida de
padres e hijos, recordemos que intentaron lincharlos, política y mediáticamente. Ahora sabemos
que VOX tenían razón, y que la mitad de esos trabajadores son simples comisarios
políticos al servicio de la perversa ideología de género.
Pese a lo que se ha sabido,
Juan Marín (Ciudadanos), se ha atrevido a quitarle importancia al asunto. Estos «naranjitos» son unos impresentables.
El Consejo General de los
Colegios Oficiales de Psicólogos considera un escándalo que, como revela la
Junta de Andalucía, el 50% de los trabajadores de violencia de género no esté
colegiados y asegura que «si los datos son correctos, revelan una dejación
por parte de la Administración».
Su vicepresidente, Fernando
Chacón, ha reconocido que, a pesar de que las denuncias llevan años sobre la
mesa, nunca antes se había logrado que la Junta de Andalucía hiciera públicos
este tipo de datos. «Me parece lamentable que se haya tenido que llegar a
esto, que haya tenido que ser un partido político quien lo desvele, porque es
algo que se ha puesto de manifiesto por parte de los colegios profesionales
reiteradas veces a la administración sin que se nos haya hecho caso», ha
asegurado. Precisamente por eso, Fernando Chacón ha celebrado que el empeño de
Vox haya servido «para poner la atención mediática en un aspecto que es
importante para la garantía de los servicios a los ciudadanos».
En este sentido, Chacón ha
insistido en que la verdadera importancia de la colegiación se basa en el
control deontológico. «Al ser obligatorio, cualquier ciudadano que
considere que un profesional ha incumplido las normas éticas de su profesión,
puede denunciarlo al colegio correspondiente y el colegio, una vez tramitado el
expediente, puede incluso llegar a inhabilitarle». Algo que se complicaría
mucho si la colegiación fuese voluntaria. «Si se inicia un expediente y la
colegiación es voluntaria, una persona puede darse de baja y entonces el
colegio ya no podría seguir con ese expediente», ha explicado.
A pesar del control de
calidad que supone la colegiación en los últimos años, tanto Andalucía como
otras comunidades autónomas han intentado desarrollar leyes autonómicas que
eximían de la misma a los empleados públicos. Sin embargo, Fernando Chacón ha
recordado que, en reiteradas sentencias, el Tribunal Constitucional ha tumbado
dichos artículos alegando que «existe una Ley estatal de Colegios
Profesionales que dice que es obligatoria la colegiación para los empleados que
trabajen con terceros, con independencia de que sean funcionarios o contratados
laborales».
Con todo, Chacón ha
reconocido que «la colegiación obligatoria no es una medida agradable, no
es una medida que nos guste a nadie, como pagar impuestos, pero hay que hacerlo
y, por tanto, la Administración tiene que velar por eso mientras la ley esté
como está».
