Mientras los españoles sufrimos precios récords de la luz, anuncios del gobierno sobre peajes en las autovías, subida de las cotizaciones a autónomos, aumento del periodo de cálculo de las pensiones, todo ello para no rebajar el superfluo gasto político, PSOE y Podemos, con su Ley de Memoria Democrática, pretenden derogar de facto la Constitución, la Monarquía y la libertad de ideas.

Con las enmiendas de socialistas y comunistas, apoyados también por separatistas y proetarras, han convertido esta ley en una norma guerracivilista destinada a reanimar a su electorado más radical para que a partir de ahora solo se hable de ella y no de su desastre de gestión.

Solo pretenden llevar la crispación ideológica hasta sus últimas consecuencias, pues reabrir juicios penales del franquismo y la Transición es derogar la amnistía de 1977, ley que hizo posible la llegada del Régimen del 78 y la democracia.

Tratan de reabrir heridas, pues de forma selectiva van a pretender juzgar a cargos del franquismo y no a los demás amnistiados.  Pretenden criminalizar a personas a quien la historia perdonó en pos del definitivo hermanamiento de esas dos Españas que decidieron perdonarse y reconciliarse. Pretender que no prescriban los delitos a posteriori, es una manipulación obscena de la legalidad. Ahora, estos indeseables, pretender dibujar a la Transición como una etapa vergonzante.

La izquierda pretende abrir un nuevo periodo constituyente mediante esta Ley de su Memoria Democrática, una norma basada en el rencor y la venganza. Y pretenden también, que cualquier opinión distinta a la de ellos sobre lo que ocurrió en España desde 1931 a 1975 sea perseguida y juzgada.

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