La Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha detenido a
trece funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía, por su implicación en el
amaño del concurso de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcollar,
además de a los dueños de la empresa Magtel, los hermanos López Magdaleno,
acusados de tráfico de influencias.
Nos encontramos ante un
caso de corrupción que salpica directamente a Susana Díaz, pues durante su
mandato se perpetraron los presuntos delitos. La directora general de Industria,
Energía y Minas, el interventor delegado de la Consejería de Economía, su jefe
de Área de Minas, el jefe del Servicio de Minas, el jefe del Servicio de
Ordenación Minera, el jefe de servicio de Contratación Administrativa de la
Consejería de Hacienda, dos jefes de servicio de la Delegación Territorial de
Agricultura de Sevilla, dos asesoras, y el gerente de Inversiones en Málaga de
la Empresa Pública Invercaria, es decir, la Mesa de Contratación que adjudicó los derechos mineros ha sido
acusada de prevaricación administrativa y exacciones. Todos ellos responsables
de las irregularidades detectadas en el procedimiento de adjudicación de
Aznalcollar. Funcionarios que “cumpliendo órdenes de arriba” ayudaron a los
amiguetes del régimen, y perjudicaron a Emerita Resources, empresa denunciante.
Ciudadanos, el partido que
hizo posible la investidura de Susana Díaz, y que escenificaba ante los medios
en esa negociación una aparente tolerancia cero contra la corrupción, ahora
resulta, que en este sangrante caso se pone de lado y no le pide responsabilidades
políticas a Susana Díaz.
Creo que ya es hora de que
los andaluces que le dieron su confianza a los de Juan Marín, les exijan que
abandonen el ámbito de las palabras, de los mensajes elaborados por sus
expertos en marketing y comunicación, y pasen al ámbito de los hechos. De esa forma
Ciudadanos demostrará que no es solo un bluf encumbrado por el poder económico
y mediático.
