Estos días se habla mucho de impuestos. Los españoles pagamos impuestos disparatados que hace tiempo sobrepasaron la línea roja de lo confiscatorio, por ello, todo lo que sea bajarlos es una buena noticia y más en la tesitura en la que nos encontramos, pero no basta con ello, tenemos que dar el siguiente paso, que no es otro, que disminuir el gasto público inútil y superfluo.

Porque si mantenemos el gasto político actual en entes improductivos, casi todos ideológicos o simplemente para enchufar a los suyos cada partido que gobierna en cualquier región, y se recaudan menos impuestos, ese dinero tendría que salir restándolo de los servicios públicos básicos, aunque también reconozco que, si los ciudadanos tienen más dinero en su bolsillo para gastar, revive la Economía y al final, el Estado recauda más por otros conceptos.

Si nuestro Estado autonómico se ha convertido en un monstruo indomable de diecisiete cabezas que empieza a devorar al propio Estado, como parece ser, se tendrá que actuar y tomar las medidas oportunas. Da la impresión, de que hay que optar, más pronto que tarde, por redefinir y redimensionar en su justa medida el actual mastodonte autonómico. Hoy en día ya no hay recursos para mantener el Estado del bienestar y esta organización territorial, la España autonómica es el Estado del Bienestar de los partidos políticos, no el nuestro, de hecho, ya es innegable que son incompatibles aunque haya un gran empeño en ocultárselo a los ciudadanos.

Ni mucho menos estoy abogando por hacer desaparecer de un plumazo las CCAA y volver a un estado centralista, lo que hago es llamar a la reflexión sobre cómo se puede corregir la realidad, para que España siga siendo una nación viable.

Es de pura lógica que las principales competencias vuelvan a ser gestionadas por el Estado, llámense Sanidad, Educación o Justicia y que de las demás, algunas deben quedar en manos autonómicas y otras deben ser gestionadas directamente por los municipios. Con este sistema se acabarían con las duplicidades y las triplicidades, las CCAA solo manejarían el 20% de sus actuales presupuestos, prácticamente con los actuales funcionarios se cubrirían los puestos necesarios, se eliminarían las legiones de enchufados y las empresas públicas correspondientes, en definitiva, se acabaría con la crisis permanente que padecemos sin coste para los ciudadanos. No hace falta decir que habría que terminar con las ventajas fiscales que disfrutan con sus conciertos económicos Navarra y el País Vasco en pos de la igualdad de todos los ciudadanos españoles.

Con todo esto se conseguiría un Estado que podríamos pagar, un Estado que garantizaría la prestación de servicios públicos básicos de calidad en situación de igualdad en todo el territorio nacional.

Lo lamentable es que los sucesivos gobiernos, socialistas y populares, pongan en serio peligro el Estado del Bienestar por su negativa a coger el bisturí y remodelar el Estado autonómico, porque esa es la madre de todos nuestros problemas.