Como nuestros gobernantes jamás han tenido el más mínimo interés en dar una solución a la alegal actividad de la prostitución, ahora, cuando estamos envueltos en una pandemia, es cuando se dan situaciones impropias del tiempo en que vivimos.
Se da la circunstancia, de que los propietarios de los llamados popularmente “puticlubs”, se han acogido a un ERTE, los camareros lo cobran, el de seguridad lo cobra, el cocinero lo cobra, y las protagonistas, las que hacen posible el negocio, se quedan en la más absoluta indigencia, nadie las ayuda ¿es eso razonable?
El Gobierno central recomienda que se cierren esos clubs en toda España. Si el confinamiento fue durísimo para ellas, imaginaos un cese de actividad prolongado. Qué se pretende, obligarlas a ejercer en secreto y por libre, con el consiguiente riesgo sanitario.
Aún recuerdo, cuando en la crisis del 2008, la UE pidió a España que metiera el gasto en prostitución en las cuentas para dar las ayudas. En relación a esta actividad hay demasiada hipocresía. Existe desde siempre y nunca nadie pudo acabar con ella. ¿No sería más razonable regular la actividad, que las que la ejercieran fueran trabajadoras autónomas que pagasen sus impuestos, que tuviesen cubiertas sus necesidades sanitarias y una futura pensión?
Lo importante es acabar con las mafias que las explotan, con la trata, que solo la ejerzan quienes libremente opten por ello. Siempre se ha dicho, que gente muy poderosa debe estar enriqueciéndose de esa actividad cuando los políticos no se atreven a darle una solución.