Griñan
pretende acabar con los desahucios socializando la propiedad privada
al mas puro estilo bolivariano. No se puede gobernar desde la
demagogia, el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, presentado como un “plan de choque para frenar la
sangría social de los desahucios”, atenta contra la seguridad
jurídica que debe imperar en todo país que se tenga por serio, y
cuestiona el sagrado derecho a la propiedad privada que consagra
nuestra Constitución.
La
norma aprobada prevé la expropiación por tres años de las
viviendas en inminencia de desahucio “en caso de riesgo de
exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las
personas”, entiendo que todo el mundo al que le pretendan echar de
la casa en la que habita es susceptible de sufrir riesgo psíquico.
Esta norma también prevé la imposición de multas de hasta 9.000
euros a los bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas
vacías.
Lo
que intenta la Junta de Andalucía demuestra que el Estado debe
recuperar competencias, hoy en manos de las CCAA y gestionadas
deficientemente.
No
tengo la menor duda de que el Tribunal Constitucional tumbará lo
ahora aprobado por el gobierno andaluz, por atentar contra el derecho
constitucional de la propiedad privada.
Lo
que la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), llama
expropiación temporal, se convertiría en confiscación si no se
estableciera una compensación económica justa para los
propietarios. Si se diera ese justiprecio, conviene recordar que
sería pagado con el dinero de nuestros impuestos. Con nuestro dinero
se costearía una campaña clientelar de gran envergadura al servicio
de PSOE e IU, ya que no conviene olvidar que en la norma se establece
que sería imprescindible el informe favorable de la Delegación
Municipal de Asuntos Sociales de cada ayuntamiento. Lo de siempre en
Andalucía, favores políticos a cambio de votos ¿os suena de algo?
En
lo referente a sancionar, a bancos e inmobiliarias, que no pongan en
alquiler su stock residencial, tengo que decir que no se puede
obligar a nadie a alquilar una propiedad, ni mucho menos, a
alquilarla a un precio distinto al deseado. En Andalucía hay
aproximadamente medio millón de viviendas vacías en poder de bancos
e inmobiliarias.
Resulta
curioso que el socialista Griñan tome ahora, estas cuestionadas
medidas por su discutible encaje jurídico, tras gobernar Andalucía
su partido, el PSOE, durante mas de tres décadas con una gestión
muy deficiente en políticas de vivienda.
Le
recuerdo a Griñan, que solo con una pequeña parte del dinero
saqueado de las arcas públicas andaluzas con los ERE fraudulentos,
se podrían haber construido viviendas de sobra para atender a todos
los afectados por los desahucios.
Se
nota que PSOE e IU empiezan a funcionar en clave electoral, ya solo
miran las próximas elecciones generales de dentro de dos años. El
PSOE ha manifestado, que desearía que lo aprobado en Andalucía se
extendiera a toda España. Es muy peligroso caer en discursos
populistas que por si solos espantan a cualquier tipo de inversor,
nacional o extranjero.