Allá
por el verano de 2013, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad dispuso por primera vez, que no podrían optar a las
subvenciones de lo recaudado por el IRPF en la casilla de fines
sociales, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las
organizaciones empresariales, ni otras entidades con análogos fines
específicos.
Tanto
UGT como CCOO han acudido ahora a la vía judicial para recurrir la
decisión del Gobierno, pues entienden contra lo que piensa gran
parte de la ciudadanía, que ellos deben tener sitio en ese reparto.
En
el formulario de la declaración de la renta, la Agencia Tributaria
muestra dos casillas: la de la Iglesia católica y la de fines
sociales; es el contribuyente el que decide si marca las dos, una o
ninguna. Pocos saben que cuando se marca la casilla de la Iglesia la
aportación se dedica a mantener su estructura, desde la Conferencia
Episcopal hasta sus parroquias. En cambio, las ONG católicas como
Cáritas o Manos Unidas solo reciben el dinero si se marca la casilla
de fines sociales, al igual que otras ONG.
Hasta
2013, otras organizaciones como los sindicatos, se camuflaban en ese
“tótum revolútum” para que sin que prácticamente lo supiera
nadie, poder percibir un dinero que si se hubiese especificado que
iba para ellos, pocos lo hubieran hecho voluntariamente.
El
reparto de los fondos que genera el 0,7% de la cuota íntegra del
IRPF, debe ir únicamente a quienes de verdad lo dedican a fines
sociales, y no a organizaciones como los sindicatos, que día si o
otro también, están salpicados por casos de corrupción.
Organizaciones
que están en entredicho no pueden intentar pasar desapercibidos
ocultándose entre Cáritas o Manos Unidas, para seguir percibiendo
cantidades que proceden de contribuyentes que desconocen que parte de
sus impuestos van a engrosar las arcas de organizaciones sumidas en
el desprestigio.
Esperemos
que la Justicia desestime las pretensiones de estas organizaciones y
ratifique lo dispuesto por el Ministerio.
