El Tribunal Supremo ha tumbado los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los Reales Decretos que concedieron los indultos a los golpistas del 1-O aduciendo «falta de legitimación» de los recurrentes, estos habían sido presentados por Convivencia Cívica Catalana, Vox, Partido Popular y otros, aceptando así las alegaciones de esa Abogacía del Estado que está al servicio de Pedro Sánchez. Recordemos que la «legitimación» es la relación especial que debe existir entre el recurrente y el objeto del procedimiento. A priori, Vox tenía más posibilidades de considerarse legitimado por haber ejercido la acusación popular en la causa sobre el 1-O, no obstante, eso no significa que se vaya a aceptar el recurso posterior.
El Gobierno indultó al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; a los exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó; a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez; y al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Ahora presentarán recurso ante el Tribunal Constitucional, Pablo Casado ya lo ha confirmado, aunque tras negociar la renovación del TC con Sánchez y darle a la izquierda la mayoría en dicho tribunal, no sé que espera ahora el líder popular. Soplar y sorber al mismo tiempo, es imposible.
También el diario ABC ha informado en primicia de que en 2021 la Comunidad de Madrid presentó 84 denuncias sobre las menores prostituidas por la trama descubierta, y en virtud a la cual, la izquierda ha iniciado una campaña contra Ayuso. Me gustaría saber por qué la Comunidad de Madrid, viendo que el juez no respondía ante las graves denuncias, no dio a conocer a la opinión pública lo que sucedía, de esa manera se habría librado de la burda campaña de la izquierda equiparándolos sin motivo alguno con Valencia y Baleares.